¡Es hora de disolver las rondas!

En La Libertad, Cajamarca y Piura organizaciones parapoliciales siembran terror

La reciente desaparición de tres personas a manos de las Rondas Campesinas de la sierra de La Libertad denunciada por La Noticia Rebelde, ha cruzado todos los límites de tolerancia permisibles en una sociedad democrática y demanda una respuesta firme del estado a quienes cometen crímenes atroces bajo la tapadera de una supuesta “justicia rondera”.

El 16 de septiembre pasado, Aladino Yupanqui, Jaime Pisán Salinas, Santos Roncal Villanueva, fueron detenidos cuando se movilizaban por la comunidad campesina de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión. Un vídeo grabado por los propios ronderos con un celular, divulgado por Frecuencia Latina, revela que las víctimas fueron agredidas ferozmente.

A Yupanqui se le ve la frente abierta y sangrando, a Pisán con la cabeza rota y un enorme hematoma en el ojo izquierdo, y a Roncal con la cabeza rota y la boca destrozada. Son las últimas imágenes que se conocen de ellos, pues al día siguiente se los llevaron y desaparecieron. Se presume que han sido asesinados, pero como sus cuerpos no han sido hallados, se les considera oficialmente desaparecidos.

Hay una cuarta víctima, Susana Vásquez, a quien acusaron de haber ayudado a los supuestos delincuentes. A ella también la torturaron y la violaron. Después la “sentenciaron” a un año de castigos y a entregar dos armas a las Rondas.

Un grupo de policías llegó a Cochorco al día siguiente, para rescatar a los secuestrados, pero unos 80 ronderos lo impidieron. Luego llegaron alrededor de 500 ronderos armados y los agentes tuvieron que retirarse. Esa misma tarde los dirigentes de la Central Regional de Rondas Campesinas de La Libertad levantaron un acta mediante la cual entregaron a los detenidos a la Ronda de Cochorco.

Dos días después, en la plaza de Huamachuco, el líder de esa Central, Faustino Guevara, encabezó un mitin en el que dijo que “en adelante” esas rondas dejarían de usar látigos y tomarían “como trofeos” las armas de los delincuentes, porque “se ha agotado la paciencia y tenemos que curar ese mal: muerto el perro, muerta la rabia”.

La debilidad del estado es absoluta. Ha renunciado al ejercicio de la autoridad ante la indolencia y tolerancia con que el poder político observa crímenes que son cada vez más frecuentes. De hecho, el primer fiscal que vio el caso, Edgardo Castillo, condujo la investigación hacia ninguna parte y citó a declarar a los desaparecidos. El caso es  investigado ahora por el doctor Alfonso Ascencio Angulo.

Estamos ante una conducta recurrente de abuso de parte de las rondas, que se repite con impunidad en Cajamarca, La Libertad y Piura. El 11 de julio, por ejemplo, ronderos de Huancabamba azotaron a seis personas por ser trabajadores de la minera Río Blanco Cooper, en la comunidad de Portachuelos, a donde las víctimas llegaron en busca de ayuda para buscar a cinco compañeros que estaban perdidos. Esas mismas rondas se opusieron después a que los grupos de rescate ingresen a la zona. Este hecho y el clima inhóspito dificultaron la búsqueda y al final un solo trabajador fue rescatado vivo y los demás fueron hallados muertos.

En Cajamarca, el 1 de septiembre, ronderos de San Marcos plagiaron a Miguel Rojas Meléndez, en represalia porque apoyaba la construcción de la represa sobre el río Grande, que dará electricidad a tres millones de personas. La turba estuvo a punto de lincharlo, pero finalmente solo lo flagelaron y encerraron.

Las ONG de izquierda justifican la violencia rondera interpretando a su manera el Artículo 149° de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, que reconocen al derecho de los pueblos originarios a ejercer la justicia consuetudinaria. Éste es absurdo porque los ronderos no son pueblos originarios, sino occidentalizados y con tradiciones hispanas sobre todo.

El Artículo 149° de la Constitución dice: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona…”. ¿Se respeta esos derechos secuestrando, flagelando, violando ni matando? !Es hora de que el estado recupere autoridad y disuelva esta especie de organizaciones parapoliciales que siembran terror en las comunidades!