¡Es el fracaso del Estado! ¡No del modelo!

Las corrientes comunistas y colectivistas, hoy predominantes en el Ejecutivo, suelen señalar que la pobreza y las exclusiones son resultados directos del modelo económico consagrado en la Constitución. Como fanáticos y fundamentalistas de una religión laica, los colectivistas ignoran que el modelo económico peruano, consagrado en la Carta Política, es el modelo que más pobreza ha reducido y más ha incluido a lo largo de la historia republicana.

Vale subrayar que durante tres décadas de vigencia de la economía de mercado en el Perú, el PBI se triplicó y se redujo pobreza del 60% a solo 20% de la población (luego de la pandemia y la recesión este flagelo llega al 25%), mientras que las clases medias continuaron ensanchándose. Los resultados del modelo son tan incuestionables que, entre los países emergentes del planeta, el Perú fue considerado una estrella no solo en cuanto crecimiento sino también en reducción de pobreza.

Sin embargo, los sectores comunistas y colectivistas que conducen el Ejecutivo suelen señalar que todos los problemas del modelo provienen de la naturaleza capitalista del mercado. Pero no es así, esos problemas se originan en el fracaso del Estado y de los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en el 2021 los más de 83 municipios vinculados a áreas de influencia directa de la minería solo gastaron el 47% de los cerca de S/. 3,000 millones que tenían disponibles para inversión. No obstante, algunas comunidades de Chumbivilcas y el Ejecutivo pretenden culpar a la empresa MMG-Las Bambas de los problemas acumulados. Igualmente, en la última década, el sector minero ha transferido más de S/ 10,000 millones a los gobiernos subnacionales. ¿En dónde están las carreteras, las postas médicas, las escuelas, los sistemas de agua y desagüe que se debieron hacer con ese dinero?

Sin embargo, el Ejecutivo y las corrientes colectivistas pretenden cambiar la Ley General de Minería y aumentar los impuestos a las empresas mineras, que tributan sobre el 47% de utilidades, una tasa más alta que las de Canadá, Chile y Australia, países con los que competimos en captar inversiones.

Allí donde se pone el dedo, salta el fracaso general del Estado en la redistribución de la mayor riqueza que ha recaudado a lo largo de su historia republicana. De un PBI de más de US$ 200,000 millones el Estado gasta cerca de US$ 50,000 millones en los gobiernos central, regional, local y empresas públicas. ¿A dónde se van tantos recursos?

En un reciente informe de ComexPerú se señala que los gobiernos locales deben ejecutar el 43.7% de la inversión pública total; es decir, más de S/ 24,000 millones. Sin embargo, a fines de este año apenas se había gastado el 54% de ese monto. Asimismo, los gobiernos regionales deben ejecutar el 18%, algo más de S/ 9,900 millones. No obstante, a fines de este año apenas habían gastado el 58%. El referido informe de Comex señala que unas 210 municipalidades (11% del total) tenían una ejecución de menos del 30% de su presupuesto, y que alrededor de 416 municipalidades habían ejecutado entre 30% y 50%

Todo el problema, entonces, es el fracaso general del Estado que, en términos gruesos, solo logra ejecutar el 70% de su presupuesto de inversiones. En el análisis de los problemas económicos y sociales, entonces, debemos invertir el foco de atención: debemos preguntarnos en qué fracasa el Estado para hallar las soluciones.

Por ejemplo, si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) promueve una reforma tributaria para aumentar impuestos, pese a que el Estado recibió más de US$ 8,500 millones de soles adicionales por los precios de los minerales y pagos adelantados de obligaciones en litigios, deberíamos preguntar si se puede racionalizar gastos en consultorías y en políticas populistas que solo buscan favorecer a uno de los partidos de izquierda en las próximas elecciones regionales. 

No es gratuita la inversión de la realidad que hacen el Ejecutivo y las corrientes colectivistas con respecto a las causas de las exclusiones y de la pobreza. Para estos sectores el Estado es fuente de riqueza y el sector privado de explotación. Sin embargo, detrás de este fundamentalismo solo hay una estrategia de poder y una voracidad fiscal para crear clientelas políticas.