Entre los principios y la realidad

Hoy el Tribunal Constitucional (TC) debe decidir si admite la demanda competencial sobre la disolución inconstitucional del Legislativo presentada por Pedro Olaechea, presidente del Congreso. Igualmente debe considerar si acepta la elección constitucional de Gonzalo Ortiz de Zevallos al TC antes de la disolución factual del Legislativo. 

Existen solo dos posibilidades: que una mayoría —ya sea mediante pronunciamiento expreso o con postergaciones de por medio—, en la práctica, consolide la disolución factual del Legislativo o declare su inconstitucionalidad, restableciendo las cosas a su estado anterior. Lo último aparece muy remoto, considerando la mayoría relativa en el TC y la correlación política en la sociedad.

Ante cualquier circunstancia adversa, la oposición republicana a la inconstitucional disolución del Legislativo tiene la obligación de aceptar las realidades. Y una de ellas es que las elecciones congresales del 2020 se realizarán de todas maneras, y es obligación imperativa de los defensores de las libertades políticas y económicas evitar, a cualquier costo, que los sectores comunistas y colectivistas conviertan el próximo Legislativo en una asamblea constituyente que derogue el régimen económico e instaure un modelo estatista en base al estado empresario y el controlismo en la economía.

En ese sentido, al mismo tiempo que se denuncia la situación de facto de la administración Vizcarra, todos los movimientos y líderes republicanos deben prepararse a participar en las elecciones. Allí hay una tarea ineludible e impostergable. Lo demás es dejar el terreno libre a los comunistas y colectivistas.

De otro lado, ni la denuncia del golpe de Estado ni la participación en las elecciones del 2020 pueden llevar a ignorar que los mercados formales a informales tienen que seguir funcionando mediante inversiones, generación de empleo y una multitud de transacciones y contratos. Y en ese universo nadie puede ignorar el papel del Estado, al margen de la existencia de un gobierno de facto. Por ejemplo, ayer el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia, y las Fuerzas Armadas recuperaron el tránsito de la vía que conecta a Las Bambas con el puerto de Matarani; es decir, de la vía que posibilita enviar mineral al exterior y recibir insumos para el funcionamiento del mayor megaproyecto de cobre del Perú.

Una decisión de este tipo del Estado, pues, merece el pleno respaldo de todos los peruanos de buena voluntad. Asimismo, en los próximos días el Consejo de Minería, entidad que depende del Ministerio de Energía y Minas, deberá decidir si ratifica o no la licencia de construcción de Tía María, suspendida por las presiones de minorías radicales. En este contexto el restablecimiento del orden en la vía cerca a Las Bambas es una magnífica señal que desalienta el violentismo de las minorías extremistas, que suelen amenazar con una espiral de enfrentamientos en caso de que el Estado decida aplicar la Constitución y las leyes en el proyecto Tía María

Algo parecido sucede con la llamada Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, cuya vigencia fue ampliada por diez años más en el Congreso antes de la inconstitucional disolución. En medio de la feroz guerra política, el Legislativo no envío la autógrafa al Ejecutivo y este no la promulgó. De esta manera la ampliación de la vigencia de una norma que en dos décadas ha posibilitado incrementar las exportaciones agrarias de US$ 800 millones a US$ 7,000 millones, se quedó en el limbo. Ningún republicano puede renunciar a seguir preservando los mercados. Y por lo tanto, tampoco puede renunciar a exigir que la administración de facto promulgue la norma como un decreto de urgencia, por ejemplo, sobre todo considerando que fue aprobada en el Congreso.

Los republicanos igualmente deben exigir que el Ejecutivo concrete el plan nacional de competitividad y el plan nacional de infraestructuras, que fueron anunciados con bombos y platillos.

Como se aprecia, la estrategia republicana debe avanzar entre la defensa irrenunciable de los principios y el devenir de la realidad. Es la única manera de evitar que avance el plan comunista y colectivista.