¿Ensayo totalitario de la administración Castillo?

El ministro de Salud Hernando Cevallos, acaba de anunciar que el toque de queda vigente –-de 2 a.m- hasta 4 a.m.–, para enfrentar la pandemia del Covid se ampliaría en las fiestas de fin de año, a entre 11 p.m. y 4 a.m. Por otro lado, los ciudadanos peruanos ya están sometidos al llamado pasaporte sanitario exigido para ingresar a lugares públicos. Es decir, si no se tiene la dosis completa de las vacunas es imposible frecuentar lugares públicos y asistir a los trabajos. Como parte de estas medidas el titular de Salud ha anunciado que se adelantará a tres meses el plazo mínimo para la inoculación de la tercera dosis, que aumenta la respuesta inmune de los vacunados.

Antes de desarrollar algunas reflexiones sobre el tema, cabe mencionar algunos criterios. La evidencia científica nos indica que el mejor camino para enfrentar la pandemia y reducir la letalidad es la vacunación para conseguir el efecto de inmunidad de rebaño, más allá de las mutaciones aceleradas del coronavirus. Por otro lado, también es evidente que en el sector Salud no se ha buscado cancelarlo todo y empezar una nueva era, tal como ha sucedido casi con todos los ministerios del Gabinete Vásquez. De allí que la vacunación y el abastecimiento de las dosis continúe con éxitos.

Sin embargo, el Ejecutivo no puede ir más allá de la Constitución y los principios del Estado republicano. Es decir, no puede establecer un pasaporte sanitario y una especie de muerte civil para las personas que no han completado sus vacunas. Y el argumento de que Europa ya está en ese camino, resulta relativo. Lo importante en el tema es cuáles son los fundamentos de la libertad, los principios de nuestra Constitución y las grandes tradiciones republicanas.

En el Perú y del mundo existen diversos sectores que por motivos religiosos no desean vacunarse. Ante esta realidad el estado republicano no puede decretar la muerte civil de estos ciudadanos, porque se estaría violando el ejercicio de la libertad en general, que consagra nuestra Constitución Política. Desde la libertad de conciencia, la libertad de asociación, la libertad de comercio hasta la libertad de tránsito. La muerte civil significa establecer que un ciudadano es un discapacitado para ejercer sus derechos civiles y constitucionales y, por lo tanto, necesita de un curador. En este caso, el curador es el Estado, el estado omnipotente que lo controla todo.

De otro lado, en el Perú cerca del 75% de la población ya ha recibido la segunda dosis y, por lo tanto, teóricamente nos acercamos a las posibilidades de la inmunidad de rebaño. Es evidente que la letalidad disminuye, pese a las mutaciones del virus.

Asimismo, cabe recordar que la idea de un pasaporte sanitario y aumentar las restricciones, poco a poco, nos puede llevar a los terribles yerros de la pasada administración Vizcarra, que impuso una cuarentena medieval que destruyó más de una quinta parte del PBI y aumentó la pobreza como pocas veces se ha visto. 

Otro argumento a considerar es que los ciudadanos no pueden aceptar que se empodere a un Estado conducido por sectores comunistas y colectivistas que consideran que el bienestar de una sociedad y la prosperidad solo provienen de la acción de ese Estado, y que rechazan la inversión privada y el aporte de la sociedad. Por todo ello, el Gobierno de Castillo debe reconocer que, a estas alturas y en medio de la destrucción nacional que desata el Ejecutivo, cualquier ensayo autoritario resulta inaceptable.