Enfrentar monstruos de burocracia e informalidad que generan pobreza

En el Perú las cinco regiones más pobres son Puno, Huánuco, Cajamarca, Pasco y Huancavelica, con niveles de pobreza entre el 39% y el 43% de la población. La otra cara de la medalla de la pobreza es la informalidad que, en las señaladas regiones, suele sobrepasar el 80% de la economía y la sociedad. De alguna manera informalidad y pobreza son dos expresiones de un mismo fenómeno. En algunas regiones de la costa la pobreza está debajo del 10% de la población e, igualmente, la informalidad se reduce a cerca del 40% de las actividades productivas. 

Es evidente, pues, que hay una relación entre informalidad y pobreza. Planteada las cosas así, ¿cuál es la causa de la extendida informalidad, que, en promedio, llega a sobrepasar el 60% de la economía y la sociedad? A cualquier persona que conozca la realidad de los mercados populares la respuesta le será evidente: la burocracia que crece y se empodera cada vez más, no obstante los criterios desreguladores de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país.

Cualquiera sea el sector de la economía y la sociedad encontraremos al burócrata empoderado por sobrerregulaciones y procedimientos que nacen de la demonización y la desconfianza construida en contra de la sociedad y el sector privado. Por ejemplo, los inspectores municipales son verdaderos dioses frente a los miles de pequeños negocios de los mercados emergentes. Las pequeñas unidades pueden ser cerradas en base a un criterio discrecional amplio del funcionario municipal. Felizmente, en la Comisión de Constitución del Congreso se acaba de aprobar una iniciativa que restringe el poder de la burocracia municipal.

La burocracia también afecta a las grandes inversiones. En el Perú, por ejemplo, las dependencias del Estado demoran entre dos y cuatro años para autorizar el inicio de un proyecto minero. Según Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, la sobrerregulación en minería se presenta no obstante que, de cada 1,000 proyectos mineros en el país, apenas cien pasan la etapa de perforación –fase de exploración para confirmar reservas– y solo uno llega a materializarse como mina en producción. Por otro lado, en potencias mineras como Canadá, Australia y Chile el tiempo empleado para obtener permisos mineros es mucho más corto. Por ejemplo, en Canadá un permiso de exploración demanda cuatro semanas y en Chile unos meses; sin embargo, en Perú se emplea entre uno y dos años.

Todo, pues, está regulado para que el burócrata ahogue a la iniciativa privada. En un estudio del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (CEDICE) de Venezuela del 2022 se establece que el país llanero es el más burocrático de la región, porque las pequeñas empresas invierten alrededor de 1062 horas para culminar los trámites que demanda el Estado. En el índice de burocracia en cuanto a sobrerregulaciones y trámites innecesarios le siguen Argentina, República Dominicana y Perú con 519 horas empleadas en tramitología para las pequeñas unidades.

El Perú está entre los países más burocráticos de la región, tal como lo registra el Banco Mundial y otros organismos multilaterales. La burocracia, la informalidad y la pobreza son eslabones de la misma cadena de la exclusión.

El Estado peruano, pues, necesita reformarse, necesita simplificarse desde su sistema tributario, pasando por su sistema laboral hasta los trámites y sobrerregulaciones en municipios y gobiernos regionales. Se necesita empoderar a la sociedad, al ciudadano, al sector privado en vez de crear una burocracia que, con más trámites y procedimientos, convierte a la corrupción en un mal endémico de la administración pública.

En este contexto, el Ejecutivo y el Congreso deberían entender que no existirá relanzamiento de la economía, no se creará suficiente empleo para reducir la pobreza, si es que no se destruye el monstruo de la burocracia que genera la tragedia de la informalidad y la pobreza.