En defensa de Indecopi y la libre competencia

La designación de Julián Palacín como presidente del directorio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), por parte del Ejecutivo, ha desatado una justificada ola de críticas. El motivo: la hoja de vida del señor Palacín no se ajusta a los requerimientos que demanda la presidencia de Indecopi y difiere radicalmente de las hojas de vida de todos los anteriores presidentes.

En otras palabras, el Ejecutivo vuelve a priorizar los criterios políticos en vez de los técnicos en el nombramiento de funcionarios del Estado. El problema es que ahora se trata de una entidad clave para el funcionamiento del mercado y la preservación de los principios establecidos en la Carta Política; y que, de una u otra manera, tiene que ver con el funcionamiento de la economía, los mercados y los precios.

Indecopi se creó en 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868. Y desde esa fecha, absolutamente todo los gobiernos –al margen de derechas e izquierdas– han respetado el funcionamiento técnico de la entidad que vigila que no exista concertación de precios en los mercados, que se eliminen las barreras burocráticas, que no se produzca dumpings en las relaciones comerciales y todos los aspectos vinculados a la competencia desleal. 

Igualmente, Indecopi vela por los derechos de propiedad intelectual, sin los cuales es imposible imaginar el funcionamiento de los mercados en el mediano y largo plazo.

De otro lado es evidente que, en el discurso oficial –al menos en la mayoría del Gabinete– existe una visión errada sobre qué es un monopolio y cuáles son los principios constitucionales que preservan la libre competencia. El propio presidente Castillo suele acompañar sus diatribas en contra de supuestos “monopolios” con veladas sugerencias de control de precios y otras alternativas que implican posibles estatizaciones.

La bancada de Perú Libre ya ha presentado proyectos en el Congreso que buscan reformar la Constitución y establecer el control de precios. Muy por el contrario, el artículo 61 de la Constitución establece que “el Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios…”.

En otras palabras, en las tres décadas de política pública que desarrolla el Estado a través de Indecopi, siempre se ha combatido las posiciones de dominio o monopólicas, promoviendo la libre competencia. De ninguna manera planteando el control de precios, recurso de los populistas que crea escasez y pobreza.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo debería considerar el sentido de las olas de críticas y las suspicacias que se generan alrededor del futuro de Indecopi. Y la sociedad debería presionar y permanecer alerta para defender a Indecopi y los principios de la libre competencia. 

Asimismo, Indecopi no es una entidad ajena a la vida cotidiana de los consumidores. Desde los clientes de los bancos hasta los adolescentes que compran en las farmacias siempre han tenido una relación con la entidad. Pueden existir críticas, pero es incuestionable que Indecopi se ha convertido en una institución que forma parte de la vida de los consumidores y de los mercados en general.

En el Ejecutivo entonces parece no haber idea sobre qué son los mercados y cómo se comportan los consumidores. La pregunta que emerge, entonces, es si en el nombramiento de los presidentes de los demás reguladores (por ejemplo, Osiptel, Ositrán) también se priorizarán los criterios políticos. Y si las cosas van por allí existen pocas esperanzas en las futuras designaciones para el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, entidades claves de la economía de mercado.

Si la administración Castillo persiste en este camino, entonces será evidente que, sin necesidad de instalar una asamblea constituyente, se están desmontando entidades fundamentales para el funcionamiento de la economía de mercado. Es decir, se avanza en destruir las libertades económicas para promover controles de precios y estatizaciones.