Empresarios y trabajadores defienden inversiones y empleo

Ante la renuncia explícita del Ejecutivo a hacer respetar la Constitución y las leyes en el corredor minero del sur –en donde se produce más del 50% del cobre nacional–, los trabajadores de las minas y los frentes de defensa distritales y provinciales de esas áreas comienzan a organizarse para enfrentar la violencia de las minorías radicales que bloquean las inversiones y atentan contra el empleo. 

En Cuajone, los trabajadores sindicalizados marchan en defensa del empleo contra una minoría radical que bloquea la producción y pretende dejar sin agua al campamento minero. En Apurímac, siete frentes de defensa provinciales han otorgado un plazo de diez días al Ejecutivo para que restablezca el orden en el corredor minero del sur, donde minorías de las provincias de Chumbivilcas y Espinar del Cusco bloquean la carretera en la que se transporta el mineral que MMG-Las Bambas produce en Apurímac. La empresa acumula ya más de un año de paralizaciones.

Al margen de cómo se desenvuelve la coyuntura política, por todos lados surge la sensación de que estamos frente a un Gobierno claramente en contra de la inversión. No solo se trata del abandono de la autoridad en el corredor minero del sur, sino también que desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se promueva la colectivización de las relaciones laborales, se precariza el empleo, se arroja a las empresas a la informalidad y se promueve una quiebra masiva de unidades productivas.

¿Exageración proempresarial? Ignorando que en el Perú el 85% del empleo es informal y es mayoritariamente provisto por pequeñas y medianas empresas (pymes), el MTPE pretende convertir el mundo del trabajo en un universo de sindicatos que negocian por rama. Ya ha eliminado la tercerización laboral, y pretende aumentar la remuneración mínima vital, sin considerar la productividad de las empresas. Es decir, sin considerar cuánto en capital y trabajo debe gastar una empresa para evitar la quiebra y alcanzar la rentabilidad.

Ante esta situación, por ejemplo, se conoce que en las agroexportadoras del Perú comienzan a desarrollarse intensas reuniones entre los miles de trabajadores y los empresarios para elaborar estrategias en defensa de la inversión y el empleo. Las críticas ahora comienzan a focalizarse en la llamada “Agenda 19” del MTPE, que pretende estatizar las relaciones laborales.

Por otro lado, el incremento general de precios que desencadena el aumento del valor de los combustibles está generando una masiva organización en los mercados populares, que contemplan estupefactos la posibilidad de que se interrumpa la cadena de pagos. La reacción natural en estos sectores es organizarse para enfrentar el desgobierno nacional que comienza a notarse al primer golpe de vista, con el colapso de los servicios públicos del Estado: ya no se renuevan los DNI, brevetes ni pasaportes, y los sistemas de registros se han lentificado como nunca. Una consecuencia natural de la colonización del Estado por parte de activistas perulibristas.

Como se aprecia con absoluta claridad el Gobierno de Pedro Castillo, que presume de gobernar con “el pueblo” y “los trabajadores”, está generando un masivo proceso de organización social en las empresas, fábricas y mercados populares –que han surgido en las últimas tres décadas– con el objetivo de defender las inversiones y el empleo. Un proceso social inédito en América Latina que, seguramente, desatará investigaciones en las ciencias sociales.

¿Se pueden detener tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza en apenas meses de gestión? El Gobierno de Castillo –con sus anuncios de la constituyente, las nacionalizaciones y la colonización del Estado por activistas de Perú Libre– ha logrado lo que parecía imposible: frenar la mayor etapa de prosperidad e inclusión social de nuestra historia republicana. El resultado: el pueblo y los trabajadores se organizan para defender la inversión y el empleo.