El totalitarismo de Perú Libre y el Movadef, y la libertad de prensa

El congresista Abel Reyes, de Perú Libre, acaba de presentar un proyecto de ley que le permite al Ejecutivo, en casos de emergencia, “dictar medidas que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones”. Igualmente, el proyecto considera la posibilidad, “con carácter excepcional y transitorio”, de que el Ejecutivo asuma temporalmente la prestación directa de servicios o la explotación de redes de telecomunicaciones.

¿Qué significa este proyecto, como se suele decir, en buen cristiano? Con semejante norma el gobierno de Pedro Castillo, de Perú Libre y el Movimiento por los Derechos Fundamentales (Movadef), invocando “una situación de emergencia” (término que puede abarcar prácticamente todo), podría asumir el control de los medios de comunicación que utilizan el espectro radioeléctrico; es decir, la televisión y la radio. Además, la idea de “controlar temporalmente” las redes de telecomunicaciones establece que el Ejecutivo podría controlar la Internet y los servicios de los teléfonos inteligentes.

En otras palabras, el gobierno de Perú Libre y el Movadef apenas está dos meses en el Ejecutivo y ya pretende hacer pasar una norma que violaría la libertad de prensa y la información personal de los ciudadanos en sus celulares, tal como sucede en Corea del Norte y Cuba, por ejemplo.

Quizá para evitar que se nos califique como “una sobrerreacción de una derecha reaccionaria” habría que recordar que durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado se expropiaron las televisoras y las radios. Para esos despojos se utilizaron argumentos muy parecidos a los del mencionado proyecto del congresista Reyes, un proyecto que es respaldado por la plana mayor de Perú Libre y el Movadef.

Los espacios radioeléctricos evidentemente le pertenecen al Estado, y debido a esa soberanía se entregan concesiones a empresas privadas que pagan una renta o un canon. Las corporaciones privadas invierten en equipos, periodistas y creativos para producir información que se somete a consumidores. En ese sentido, las concesiones se rigen por leyes del mercado. Así sucede en absolutamente todas las sociedades democráticas.

¿Qué pasaría entonces si el Estado, al margen del sector privado, instalara radios y televisoras estatales y proveyera los servicios digitales del siglo XXI? Bueno estaríamos en la ex Unión Soviética o estaríamos inmersos en el régimen del Gran Hermano, descrito en la novela 1984 de George Orwell.  Si el Estado opera radios, televisoras y servicios digitales, habría surgido un estado totalitario del siglo XXI. Un totalitarismo con una capacidad tremebunda de generar control y terror. Imagínense al actual Ejecutivo administrando la información de los teléfonos inteligentes de cada ciudadano.

El proyecto de Perú Libre, entonces, no solo tiene una entraña autoritaria –a semejanza de los proyectos bolivarianos en la región– sino que también revela su naturaleza totalitaria. Es decir, ratifica esa vocación comunista der controlar la política, la economía y la información plural.

Cada vez más Perú Libre y el Movadef van dejando en claro para que están en el Ejecutivo: no para gobernar y solucionar el problema de los pobres, sino para utilizar el Estado a favor de un proyecto totalitario que pretende reescribir dos siglos de historia republicana, que cuestiona el mestizaje y la integración nacional, que desprecia el crecimiento y los avances en el bienestar (a pesar de la pobreza existente) y que ahora pretende aplastar la libertad de prensa con un proyecto que busca establecer una cabecera de playa en el control de las radios, las televisoras y los servicios digitales.

¡Los demócratas y republicanos no lo permitirán!