El sur minero en la mira

Sobre las amenazas radicales a la mayor reserva minera del país

El movimiento antiminero ha puesto en la mira a la principal reserva nacional de minerales: el sur del país. Empezaron bloqueando Tía María, en Arequipa; ahora apuntan a Las Bambas, en Apurímac, y avanzan silenciosamente contra otros proyectos de esa región. El objetivo final es quebrar una de las principales fuentes de ingresos del país para debilitar el modelo económico y restaurar luego el estatismo.

Si los radicales lograsen truncar Las Bambas, se pondría en riesgo los demás proyectos mineros de Apurímac: Anama, Haquira, Anubia, Cotabambas, Hierro Apurímac, Trapiche y Los Chancas, que son la esperanza de esa región para dejar de ser una de las más pobres del país e iniciar su camino hacia la prosperidad.

Pero en el sur hay además otros proyectos mineros: Ampliación de Cerro Verde, Tambomayo, Don Javier y Zafranal en Arequipa; Quellaveco, San Gabriel y Los Calatos en Moquegua; Constancia, Crespo, Quechua, Accha y Cerro Ccopane en Cusco; Ampliación de Toquepala en Tacna, Pukaqaqa en Huancavelica, Inmaculada en Ayacucho, y Ollaechea y Bofedal II en Puno.

Todos estos proyectos mineros amenazados suman una inversión de al menos US$38,600 millones, que equivale a más del 50% de la cartera total de proyectos mineros del Perú, que asciende a US$63,114 millones, según el Ministerio de Energía y Minas.

La estrategia para frustrar Las Bambas es la misma ejecutada antes en Conga, Tambo Grande, Tía María, etc: los activistas antimineros divulgan mentiras que alarman a la población y ejercen la violencia contra los pueblos que se resisten, a partir de discursos seudo ambientales.

Dicho discurso pretende racionalizar y explicar la violencia antiminera cuestionando a la vez el modelo económico, al que se acusa de incapaz de atender las necesidades de la gente. Se busca así crear las condiciones para retornar al estatismo de los 70 y 80 que hundió al Perú en la peor crisis económica de nuestra historia.

En el caso de Las Bambas, reconocen que el proyecto ha dinamizado la economía de Apurímac, pero sostienen a renglón seguido que una vez terminada la construcción de la mina se acabarán sus beneficios.

 José De Echave, director de la ONG Cooperacción y dirigente de Tierra y Libertad, sostiene, por ejemplo, que la construcción de Las Bambas demandó 10 mil puestos de trabajo, de los que quedarán solo 2.000 al finalizar los trabajos. Esto es inexacto.

Dicha construcción creó 17,000 puestos de trabajo, de los que quedarán permanentes 4,000. Además, la cadena productiva minera crea en promedio 9 empleos indirectos por cada empleo directo de la mina, según un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

La cadena comprende empresas de metalmecánica, logística y servicios colaterales; empresas de refinación, de procesamiento de minerales industriales, y otras. El ejemplo más cercano es el cluster minero de Antofagasta, Chile, por no citar los clusters de Australia o Canadá.

Los anti-mineros de Tierra y Libertad y sus ONG buscan detener Las Bambas alegando ahora que no se ha “informado correctamente” a la población del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo cual es falso ya que sí se informó en audiencias públicas y 19 talleres ciudadanos en los que los pobladores pidieron que los recursos del canon minero sean destinados directamente a construir colegios, hospitales, carreteras, y redes de luz y agua potable.

En la última audiencia, participaron líderes de todas las comunidades de la zona de influencia, alcaldes, regidores y funcionarios del gobierno regional, que hicieron 466 consultas escritas y 166 orales.

De otra parte, los radicales también plantean como un “desafío” para la minera revertir los indicadores sociales dramáticos de Apurímac en salud, educación, infraestructura, etc.. Pretenden así trasladar al sector privado responsabilidades del Estado en las que éste ha fracasado. Por cierto, la izquierda contribuyó a ese fracaso en los 70 y 80.

21 – Jul – 2015