El riesgo de adelantar elecciones

La eventualidad de una renuncia o vacancia presidencial por los pagos hechos por la empresa Odebrecht a Pedro Pablo Kuczynski, cuando este ejercía el cargo de primer ministro durante la administración Toledo, inevitablemente plantean el dilema acerca de si adelantar o no las elecciones generales.

El análisis realista de los hechos parecería indicar que ni el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, ni la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, contarían con el suficiente respaldo político para conducir la nave presidencial hasta el 2021 y garantizar que la democracia avance hacia su quinta elección nacional sin interrupciones. Semejantes conclusiones se anclan en las tradiciones de la política real, en las que los actores solo parecen responder a sus intereses políticos más inmediatos, al margen de las grandes visiones y apuestas por el país.

Sin embargo si analizamos las cosas desde los intereses de la República y la consolidación de las débiles instituciones democráticas, entonces mantener los plazos constitucionales se convierte en una necesidad de primer orden. Siempre vale recordar que la fortaleza de las democracias longevas no solo se basa en el sufragio de los ciudadanos, el equilibrio de poderes y el retiro del Estado de la economía, la empresa y la propiedad, sino también en la visión casi sagrada con respecto a los cronogramas institucionales.

La mejor confirmación de esta tesis la representa la democracia en Estados Unidos, un sistema en el que, al igual que en el nuestro, la expresión de la soberanía popular recae en la Presidencia de la República y el Congreso. En la señalada democracia asesinaron a cuatro presidentes, sin embargo la madurez de los demócratas de la gran nación del norte llevó a cumplir fielmente los plazos constitucionales establecidos. Es decir, el ejercicio de la línea de sucesión republicana se convirtió en uno de los pilares de esa república longeva.

El cumplimiento de los plazos constitucionales, pues, no solo tiene que ver con la forma sino también con el fondo de la democracia. La continuidad del cronograma democrático permite que las instituciones se consoliden, que los contrapesos y equilibrios se perfeccionen y, sobre todo, organiza una especie de rito laico con respecto a que los periodos constitucionales se respetan por sobre todas las cosas.

Si la élite política peruana es capaz de enfrentar una posible renuncia o vacancia presidencial sin adelantar las elecciones, a entender de este portal, la democracia peruana habrá echado raíces inimaginables. Aunque sostener que el Perú está cerca del desarrollo económico y social suene a un exceso de optimismo, si los políticos peruanos preservan el periodo constitucional no será exagerado afirmar que las instituciones y los políticos están cerca de alcanzar la plena madurez.

En el tipo de desenlace que se organice ante la crisis provocada por la conducta del presidente Kuczynski quizá la principal responsabilidad recaiga en Fuerza Popular, por su condición de mayoría legislativa. Durante los dos primeros años de la administración PPK la polarización fujimorismo versus antifujimorismo recrudeció a niveles impensados. A estas alturas no interesa en dónde están las principales responsabilidades, porque la crisis de la República solo proviene de los pagos realizados a la empresa Westfield Capital.

En esta polarización los enemigos del fujimorismo han construido el relato de que los naranjas solo querían la vacancia, el adelanto de elecciones y el control de las instituciones. Bueno, pues, si el fujimorismo apuesta por una salida republicana e imita la conducta de los demócratas estadounidenses, en un solo acto habrá terminado la polaridad política que envenena a la República. Y Fuerza Popular ejercerá su plena mayoría mientras contempla cómo sus peores enemigos son investigados, procesados y sentenciados por las explosiones nucleares del caso Lava Jato.