El radicalismo ha envenenado la escuela pública

En los últimos días del año pasado, a propósito del indulto a Alberto Fujimori, cientos de jóvenes, también conocidos como “pulpines”, tomaron las calles de Lima y de distintas ciudades del país para manifestar su rechazo a la señalada gracia presidencial. La mayoría de los señalados jóvenes recibió una deficiente formación escolar sobre la reciente historia, demasiado sesgada y vinculada a los relatos de la izquierda acerca de que la lucha estatal contra el terrorismo solo representó violaciones de derechos humanos y que nada tuvo que ver con la impresionante movilización campesina que derrotó al senderismo en el campo.

En pocas palabras, solo hubo un relato, como en las ex sociedades soviéticas o en las teocracias islámicas. Un ejemplo claro lo representa el libro Historia, Geografía y Economía, para quinto de media, en el que se afirma que la pobreza y el abandono originaron el violentismo de Sendero Luminoso. Si la pobreza fuese la causa de los terrorismos, ¿por qué Bolivia y Haití, dos países más pobres que el nuestro, no padecieron terror en la década de los ochenta? El terrorismo solo proviene de la intolerancia ideológica, algo que la izquierda no reconoce abiertamente en sus relatos sobre la reciente historia.

El recuerdo más ingrato del 2017 en el sector educación es la huelga de los maestros, que duró más de 50 días y que se inició en la ciudad del Cusco como una medida de fuerza en reclamo de mejores niveles económicos para los maestros. Una huelga que se convirtió en nacional y que puso en evidencia que el gremio del magisterio nacional —el Sindicato Único de los Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP)— no es una sola unidad como se creía, sino que existen Sutes regionales que responden indistintamente a Patria Roja, Puka Llacta, el Comité Nacional de Lucha y el Comité de Reorganización y Reorientación (Conare), vinculado a Sendero Luminoso. La huelga puso en evidencia, además, que las demandas laborales de los maestros pasaron a un segundo plano con la formación del Comité de lucha de las bases regionales, liderado por el profesor Pedro Castillo —vinculado al Movimiento de Afirmación Social (MAS) de Gregorio Santos— quien aglutinó a su alrededor al ala más radical del magisterio nacional. Profesores que, sin empacho, se pronunciaron públicamente en contra de las evaluaciones que lleva a cabo el Ministerio de Educación para lograr una escuela pública de buen nivel. Decían, sin embargo, estar de acuerdo con las evaluaciones presenciales —de desempeño— que cualquiera, sin ser educador, puede aprobar. Una huelga nacional que no ha sido levantada, sino postergada, según afirmó en su oportunidad el dirigente Castillo. Una huelga que volverá a ser reactivada ni bien se inicien las clases escolares este 2018, que volverá a tener el componente antisistema claramente marcado y que servirá para apuntalar candidaturas locales y regionales de cara a las elecciones nacionales del 2021.

Y no solo eso. Resulta sorprendente que la huelga de cincuenta días de los profesores recibió el apoyo de un importante sector de la población, que no había conceptualizado debidamente la esencia de la huelga. Entonces —con todo este escenario de adoctrinamiento descarado en la escuela pública, con medios de comunicación que le dan cuerda a los extremismos y radicalismos, con una población irreflexiva—, que no llame la atención que por todos lados exista un tufo radical: eso de que “que se vayan todos”, el estribillo que corean los llamados “pulpines” en sus manifestaciones públicas.

Ha hecho bien el Ministerio de Educación anunciando la creación de una comisión sectorial que se encargará de verificar que los profesores y personal administrativo no estén condenados por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, violación de la libertad sexual ni tráfico de drogas. Si la comisión cumple su labor de acuerdo a la ley, decenas de maestros serían retirados. Sin embargo, quedarían en los colegios públicos otros miles que han hecho del extremismo ideológico su ruta de vida.