¡El radicalismo en ofensiva contra el Perú!

Hoy ya se acumulan 47 días de bloqueo de la carretera que conecta la mina Las Bambas con el puerto Matarani. Por ese bloqueo, el megaproyecto de cobre del Perú —uno de los más grandes del mundo— no puede enviar el metal a los mercados mundiales. Y se suman los días de paralización, no obstante que Las Bambas aporta cerca del 1% del PBI. Pero eso no es todo. Ante el anuncio del Ejecutivo de que, antes de agosto, se entregaría la licencia de construcción para el proyecto Tía María en Arequipa, supuestas “organizaciones sociales” anuncian un paro contra la inversión minera de US$ 1,400 millones para producir 120,000 toneladas de cobre anualmente y generar 9,000 empleos durante los dos años de construcción (3,600 directos y 5,400 indirectos).

La ofensiva radical también busca desestabilizar la producción de las minas Antapaccay y Constancia, en el llamado Corredor Minero del Sur. El ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, y Jaime Bordas, de Derechos Humanos sin Fronteras, por ejemplo, buscan influenciar al alcalde de Chumbivilcas y demás burgomaestres locales para generar conflictos, no obstante que las relaciones entre Constancia y los pobladores pueden calificarse de ejemplares en cuanto a colaboración constructiva.

En este contexto vale preguntarse, ¿qué está sucediendo en el Corredor Minero del Sur del Perú? Según nuestras informaciones, bajo la conducción ideológica del Frente Amplio, todos los sectores y organizaciones radicales, anticapitalistas y anti inversión, han decidido lanzar una ofensiva para detener la producción de cobre del sur, que aporta alrededor del 60% del total nacional. De alguna manera, en la evaluación del radicalismo existe la percepción de que la guerra Ejecutivo-Legislativo y la judicialización y criminalización de la política han debilitado de tal manera la autoridad del Gobierno central que, en la práctica, ellos consideran que tienen terreno despejado para actuar.

De otro lado, en las consideraciones del radicalismo antiminero también parece estar presente la evaluación de que las campañas que desarrollan IDL y las ONG marxistas sobre “el uso desproporcionado de la fuerza policial”, de una u otra manera, también bloqueaN la posibilidad de que los policías, fiscales y jueces actúen en defensa de la Constitución y la ley frente a las acciones violentistas que suelen desarrollar los sectores antimineros.

¿Por qué la obsesión del radicalismo en paralizar la producción de cobre en el sur? En el país ha surgido una tupida red de ONG marxistas, anticapitalistas Y ambientalistas ideológicas que, de manera directa e indirecta, es financiada por grandes especuladores mundiales de cobre, que necesitan bloquear la posibilidad de que el Perú siga aumentando la oferta mundial del metal rojo. El motivo: con menor producción los precios suben en fracciones, y los especuladores ganan millonadas.

Lo más grave de todo es que las estrategias radicales han logrado bloquear la producción del cinturón del cobre del norte (Conga, La Granja, Galeno, Michiquillay y otros) que podría agregar un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) a los 2.5 millones de TMC que el Perú produce en la actualidad. Si el Perú estuviese produciendo más de 3.5 millones de TMC, el promedio anual de crecimiento estaría sobre el 5% del PBI y la pobreza estaría por debajo del 15% de la población. Por ello, el radicalismo está cometiendo un verdadero crimen social contra los pobres del Perú.

Las razones de la estrategia de los sectores antimineros del sur, entonces, nada tienen que ver con los pobres ni con la defensa del medio ambiente. En realidad, detrás de esas terribles acciones contra el futuro nacional están los intereses de los grandes especuladores de cobre mundial, los intereses de los funcionarios de las ONG, simples extorsionadores que buscan negociar con las compañías y, por supuesto, la ceguera ideológica de las propuestas colectivistas anticapitalistas.