¡El radicalismo antiminero otra vez en el sur!

Diversos gremios de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) están promoviendo un paro y una asamblea popular para los días 11 y 12 de diciembre. Sin embargo las demandas locales contra los gobiernos regional, provincial y distrital envuelven la verdadera intención: apuntar contra las principales minas del llamado Corredor Minero del Sur, que producen más del 50% del cobre nacional. El objetivo de estos sectores, más que evidente, es utilizar las legítimas demandas de la población para paralizar la minería, con el objetivo de ralentizar el crecimiento y generar un ambiente de escepticismo a favor de las propuestas antisistema en las elecciones del 2021.

La plataforma del autoproclamado Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, de la Liga Agraria, de las Rondas Campesinas, Barrios Populares y Construcción Civil consta de trece puntos alrededor de demandas locales. Pero en el punto cuarto se plantea una “huelga provincial en contra de la empresa minera Hudbay, Ares, MM Bambas, proyecto Otunsa y minería informal”. ¿Qué tiene que ver una huelga contra las actividades mineras con los demás puntos de la plataforma? Nada. Entre los otros reclamos, están las ineficiencias de las autoridades en la compra de diez tractores, seis ambulancia y seis camionetas para el hospital, y en el informe del techado y construcción del mercado. Asimismo, en la plataforma se plantea la evaluación del personal y retiro de algunas gerencias de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas (MPCH), informe de funciones de fiscalización, ordenanzas y de obras, y proyectos según presupuesto participativo de los distritos, UGEL y servicio de Electrosur, entre otras.

Como se aprecia con absoluta claridad, la estrategia antiminera se envuelve con las justas demandas de la población local. En vez de propiciar una alianza entre las localidades y las empresas mineras para exigir que el Estado (ministerios, regiones y municipios) cumplan sus responsabilidades en la inversión y gasto de los impuestos que las compañías mineras han pagado puntualmente, el radicalismo antisistema demoniza a las empresas privadas con el claro objetivo de cargarle las responsabilidades del fracaso estatal.

La cosa es tan clara que solo basta conocer quiénes están detrás de este paro contra la minería para entender el intento de manipulación. Por ejemplo, el presidente del autoproclamado Frente de Defensa de los intereses de Chumbivilcas, Cayo Huaytani, es simpatizante de Gregorio Santos. El presidente de la llamada Liga Agraria, Arcadio Hurtado, también es simpatizante del MAS Democracia de Gregorio Santos. Igualmente son activistas de esta organización Leonidas Molina, presidente de una supuesta organización de rondas campesinas (en el sur no hay esta tradición organizativa), y el presidente del sindicato de construcción civil, Eliseo Minaya.

Probablemente los reclamos relacionados con las ineptitudes de las autoridades sean justos, debido a que los ofrecimientos y compromisos no se cumplen y a que las deficiencias de los servicios municipales y del proveedor de energía eléctrica incomodan a los pobladores. Probablemente sus reclamos no solo no son atendidos, sino que además existe un trato displicente que afecta a los pobladores. Y el descontento con la autoridad y la burocracia local es latente cuando se demanda la “evaluación total del personal y retiro de algunas gerencias de la MPCH”, pidiendo además la “presencia de los partidos políticos para prohibir campañas lujosas, pintas, marchas y embanderamientos”. ¿Por qué, entonces, los antimineros no les dicen a los pobladores que el canon que recibe Chumbivilcas de las empresas mineras modernas es la fuente principal de los recursos que no se gastan adecuadamente por las autoridades?

En todo caso el Perú está notificado. Los antimineros vuelven a la carga con la intención de paralizar las minas del sur del Perú. ¿Qué conducta asumirán el Ejecutivo y el Legislativo? ¿El Ministerio del Interior ordenará que la policía de la región asuma su responsabilidad ante la violencia? ¿Cuál será la conducta de los fiscales y jueces frente a los atentados contra la propiedad privada que desarrollará el violentismo bloqueando carreteras? ¿Los partidos se harán de la vista gorda frente a la estrategia del radicalismo de agudizar las contradicciones con miras a las elecciones regionales del 2018? Mientras en Lima la política se judicializa, el antisistema avanza en el sur.