El presidente Castillo insiste en la asamblea constituyente

Cuando parecía que el presidente Pedro Castillo viraba hacia el centro político con un mensaje en que se respetaba plenamente la Constitución y la legalidad –más allá del estatismo e intervencionismo en las propuestas sectoriales–, de pronto el mandatario anunció que iba a presentar un proyecto de ley para instalar una asamblea constituyente. Si bien precisó que la convocatoria se iba a hacer respetando la Constitución y la ley, que establecen que solo el Congreso puede tramitar la reforma total o parcial de la Constitución, enseguida describió todo el decálogo y los procedimientos que los proyectos chavistas han aplicado en la región para estas iniciativas.

Señaló, por ejemplo, que la asamblea constituyente debía ser una asamblea plurinacional, popular y con paridad de género. Agregó entonces que la constituyente debía tener representantes elegidos por sufragio y otros designados directamente por “las organizaciones sociales del pueblo”. Más adelante le puso el nombre y apellido bolivariano a la propuesta. El jefe de Estado explicó que la constituyente debía ser una entidad diferente al Ejecutivo, que tiene la función de gobernar y administrar el Estado; y al poder Legislativo, que tiene la responsabilidad de legislar.

Castillo invocó al gobierno del pueblo para fundamentar la constituyente y se preguntó si los peruanos estamos condenados a mantener la actual Constitución porque el propio texto constitucional prohíbe taxativamente una constituyente. En otras palabras, el presidente Castillo, en el preciso momento, en que parecía recostarse más al centro del escenario con la enumeración de todas sus políticas de gobierno, se embarcó en la propuesta bolivariana de la constituyente, que relativiza con la mano izquierda los llamados a los diálogos y a los entendimientos.

Insistir en una asamblea constituyente sin ningún control ni contrapesos institucionales es proponer una asamblea de representantes que tenga el poder de decidir sobre el futuro de las instituciones tutelares del sistema republicano (Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo) y la propiedad y los ahorros de ciudadanos y empresas. ¿De dónde ha sacado el presidente Castillo que la mayoría de peruanos quiere entregarle el poder total de la nación a una asamblea de 100 ó 200 representantes?

Otro de los hechos extremadamente graves es que el presidente Castillo propuso que la constituyente sea conformada por “las naciones originarias”, por el pueblo y por asambleístas con equidad de género, al margen del principio liberal republicano de un ciudadano y un voto. De alguna manera, el flamante mandatario proponía combinar una democracia representativa con el sistema de los soviets de Lenin.

A nuestro entender el nuevo jefe de Estado ha echado por la borda una inmejorable oportunidad que tenía para convocar a la unidad nacional y a un nuevo encuentro entre los peruanos. Se ha rendido ante la receta bolivariana y al programa de Perú Libre que, inevitablemente, lo llevarán por el camino del enfrentamiento con las amplias mayorías que exigen predictibilidad y estabilidad para mantener la continuidad de las instituciones, el impulso de las inversiones, el crecimiento, la generación del empleo y la reducción de pobreza.

Desde aquí nos preguntamos por qué tanto esfuerzo por enumerar políticas sectoriales que, más allá del acentuado estatismo e intervencionismo, eran respetuosas del marco constitucional y la legalidad vigente para luego terminar anunciando la convocatoria de una constituyente.

Nadie entiende semejante contradicción. A menos que el presidente Castillo haya querido formular la propuesta para calmar al ala radical que lo presiona y dejar las cosas en un Congreso en donde todos sabemos que semejante propuesta no tiene posibilidades de prosperar.

En cualquier caso, la designación del nuevo Gabinete despejará todas las dudas.