El Perú sitiado por el radicalismo

La guerra Ejecutivo-Legislativo que el presidente Vizcarra llevó hasta el paroxismo, de una u otra manera, ha debilitado la autoridad del Estado en el Perú a niveles no imaginados. Hoy no solo los gobiernos regionales del sur tratan directamente con el gobierno boliviano la venta de gas para consumo doméstico, no solo un gobierno regional pretende imponer su propio currículo —ignorando las prerrogativas del sector Educación—, sino que el radicalismo antiminero ha paralizado la producción de Las Bambas, uno de los proyectos de cobre más grande del mundo y que aporta cerca del 1% del PBI nacional. En este contexto, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señala que el conflicto en Las Bambas “es un asunto entre privados”. Terrible, devastador y frívolo, ante las encrucijadas que consumen al Perú.

Pero la singular posición de Del Solar tiene en las negociaciones del ex PCM, César Villanueva, sus principales antecedentes. Como se sabe Villanueva negoció con los transportistas que habían bloqueado todas las carreteras del país, aceptando rebajar el precio del diésel, crear tributos especiales e, incluso, revisar contratos de peaje, y también renunciando a defender el derecho libre tránsito consagrado en la Constitución. Asimismo Villanueva negoció con los sectores que sabotean permanentemente el Oleoducto Norperuano (ONP), aceptando que ellos mismos se encarguen de reparar sus propios atentados. Terrible. En este contexto, la idea de autoridad, pues, se convierte en una quimera.

Es evidente que en la base de la alta conflictividad social que se registra en el país,está el fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza —que se obtiene a través de los impuestos— en carreteras, escuelas y postas médicas. De esta situación se aprovechan los sectores anticapitalistas, los radicales antimineros (que buscan culpar a las empresas de los fracasos estatales) y, por supuesto, conocidos extorsionadores que crean conflictos y muertes para llenar sus bolsillos.

La situación es extremadamente grave. Si la estrategia antiminera triunfa en Las Bambas, no solo se paralizará el mayor proyecto de cobre del Perú, sino que los extremistas avanzarán sobre Antapaccay y Constancia, y persistirán en bloquear el proyecto Tía María en Arequipa. En otras palabras, el 60% de la producción de cobre del país estaría en cuestión y el escenario de la ralentización económica —e incluso la recesión— estaría a la vuelta de la esquina. A la situación del sur también se suman las amenazas de grupos que sabotean el oleoducto y exigen “reparaciones ambientales” o “contratos empresariales” para reparar los daños.

Si las cosas enrumban en ese sentido, en el país se combinará una grave crisis política con una convulsión social sin precedentes. En este contexto vale preguntarse, ¿no es hora arriar banderas y salvar los fundamentos políticos y económicos que —en los últimos 25 años— han construido el mejor momento de nuestra historia? El problema no es solo de Vizcarra y del desorientado Gabinete Del Solar; porque si, por ejemplo, Las Bambas se paraliza, los únicos que ganarán serán las propuestas antisistema. ¿Qué dicen al respecto los fujimoristas, los apristas, los apepistas y los diversos grupos que han emergido con las tendencias al transfuguismo?

De otro lado, los medios de comunicación tradicionales, ¿acaso no deberían demostrar la misma beligerancia que desplegaron en contra del fujimorismo para desenmascarar a los grupos comunistas, anticapitalistas, que manipulan la legítima irritación de la gente ante el fracaso estatal? Asimismo, las ONG de izquierda —tales como Transparencia e IDL-Reporteros—, ¿acaso no deberían manifestar la misma convicción —expresada en la voluntad de controlar el Ministerio Público— para combatir a los colectivismos anticapitalistas que buscan enfrentar a la población con las fuerzas del orden en el sur andino?

En cualquier caso, es hora de trazar una línea divisoria —más allá de los enconos acumulados— entre quienes defienden la Carta Política de 1993, la democracia, la economía de mercado y las libertades en general, y quienes promueven el estallido social para promover una asamblea constituyente.