¿El Perú sin estallido social?

La final en Lima de la Copa Libertadores de América entre Flamengo de Brasil y River Plate de Argentina, de alguna manera, fue un homenaje a la diferencia que hoy hace el Perú. Contrariamente a lo que sucede en Ecuador, Chile, Colombia, y Bolivia, en nuestro país no existen estallidos sociales que generen violencias destructivas, a pesar del cierre inconstitucional del Legislativo. A medida que se desenvuelven los hechos en la región, la situación del Perú comienza a ser bastante original. ¿Todo esto significa que el Perú es inmune a un estallido social? Creemos que no.

Antes tratemos de explicar esta particularidad. Se ha señalado que la llamada “lucha anticorrupción” ha logrado canalizar la irritación de la sociedad en contra del sistema. Es una parte de la verdad. Sin embargo, las violaciones al debido proceso, los excesos en las prisiones preventivas (caso de los árbitros) y el control de las instituciones, en cualquier momento podrían cambiar las percepciones. El tema anticorrupción, por sus excesos de politización, representa una percepción muy volátil.

Igualmente, se ha sostenido que la alta informalidad de la economía, que sobrepasa el 65%, genera indolencia de las mayorías frente a los fracasos del Estado que solo representa a un 35% de la sociedad. Es una verdad a medias, porque una cosa es informalidad con crecimiento y reducción de pobreza, y otra diferente sin estas variables.

También se arguye que el Perú tiene una cultura anticomunista y anticolectivista más desarrollada que nuestros vecinos: aquí se inventó el chavismo con el velascato, el terror de las guerrillas con Sendero Luminoso llegó a situaciones inimaginables, y la hiperinflación de los ochenta arrojó todas las plagas bíblicas sobre nuestra sociedad.

Todas estas explicaciones tienen algo de validez, pero solo pueden funcionar en una sociedad con crecimientos que posibilitan seguir reduciendo pobreza. Desde las reformas económicas de los noventa, el Perú redujo pobreza del 60% de la población a solo 20%, pero desde el 2014 casi no reduce este flagelo social. A tal extremo que en el 2017 sucedió lo que parecía imposible: se aumentó un punto.

El caso chileno es paradigmático en este contexto. Al igual que en el Perú, sobre el país del sur existen las más diversas explicaciones. Sin embargo, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet el crecimiento promedio fue de 1.7% del PBI, el más bajo de los últimos años y por debajo del promedio mundial, mientras crecía el déficit, la deuda pública y el Estado colapsaba en la provisión de servicios a las nuevas clases medias emergentes. El bajo crecimiento afectó el bienestar y Chile se convirtió en una pradera seca que encendió el relato colectivista.

Si el Perú no vuelve a retomar tasas de crecimiento por encima del 4% que posibiliten crear empleo para los 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía, la pobreza aumentará y los ex pobres caerán en desesperanza. El 2019 el país apenas crecerá cerca de 2.5% y las proyecciones para el 2020 no son auspiciosas. ¿Cómo se evita que el país se convierta en una pradera que incendie la chispa colectivista?

No nos cansaremos de repetirlo: se debe relanzar el crecimiento y la inversión privada. Para conseguir ese objetivo necesitamos algunas cosas mínimas: avanzar en la reforma laboral con la promulgación de la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, garantizar el imperio de la Constitución y la ley en las zonas mineras para evitar el bloqueo violentista, continuar en la reforma meritocrática de la escuela pública (dejando a un lado la guerra del “género”), avanzar en la reforma del sistema de salud y relanzar las asociaciones público privadas y las obras por impuestos para promover inversiones en infraestructuras. Claro que también necesitamos mejores instituciones y otro Poder Judicial, pero estos objetivos se concretarán cuando acabe la guerra política.

En cualquier caso, vale precisar que el Perú no está inmunizado contra el estallido social. Todo depende de lo que hagamos.