¡El Perú no puede rescindir unilateralmente un contrato!

El Estado está obligado a respetar el proyecto Chinchero

A este portal nadie puede acusarlo de ser indulgente con el oficialismo. Es más, el extremismo antifujimorista siempre ha pretendido endilgarnos el mote de profujimoristas porque nos hemos opuesto abiertamente al desangramiento político que produce la polaridad fujimorismo versus antifujimorismo. En todo caso, los hechos y el calendario nos darán la razón.

En base a esas posiciones y actitud hoy sostenemos que de ninguna manera el Perú puede rescindir unilateralmente el contrato Chinchero, que el Estado peruano firmó con el consorcio Kuntur Wasi, sin que existan razones con valor ante los tribunales nacionales e internacionales. Y la razón es única e irrenunciable: la economía de mercado de los últimos 25 años —que ha posibilitado el mejor momento de la historia del Perú con una reducción de pobreza a solo un quinto de la población y la ampliación de las clases medias— tiene en el respeto a los contratos uno de sus pilares fundamentales. Un país que no respeta un contrato, en la práctica, ha relativizado la economía de mercado, el respeto a la propiedad privada y las libertades económicas.

El régimen económico de la Constitución de 1993, que consagra la economía social del mercado y el papel subsidiario del Estado, en el artículo 62 señala que:

“La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.

¿Cómo, pues, la administración PPK puede ignorar olímpicamente estos principios constitucionales? Imposible. El daño para la economía sería inconmensurable, sobre todo ahora que el caso Lava Jato y los estragos de El Niño costero obligan al Perú a convocar a las mejores empresas del primer mundo para impulsar asociaciones público privadas (APP) para enfrentar los alarmantes déficits en infraestructura.

Siempre hemos sostenido que la adenda al contrato Chinchero generaba enormes interrogantes, sobre todo porque trasladaba alrededor del 80% de los riesgos financieros al Estado, desnaturalizando los objetivos de una APP. Sin embargo, luego de firmada la cuestionada adenda —en la que el Estado volvía a ratificar el contrato— regresar a fojas cero representaba un costo extraordinariamente mayor para el Perú: hoy el gobierno no solo no sabe qué hacer con el contrato, sino que ha perdido un ministro y se prepara para enfrentar quizá su primer conflicto social de envergadura en el sur. Y todo esto sucede mientras la economía se ralentiza y la inversión privada y pública no puede despegar.

A nuestro entender, semejante resultado casi es el resultado natural de una democracia polarizada entre un Ejecutivo de la tercera bancada del Congreso y una abrumadora mayoría legislativa opositora. Con semejantes geografías políticas, en una democracia de relativa salud, hace siglos —es un decir— el oficialismo ya se habría puesto de acuerdo con la oposición. Bueno, pues, en una democracia polarizada sucede lo que estamos contemplando.

De alguna manera la polarización nos está llevando a relativizar el crecimiento y el despegue económico en nombre de la lucha contra la corrupción. Gravísimo error que solo favorece a las fuerzas antisistema en el 2021. Quizá por eso en el Ejecutivo y en el Congreso hay una mirada contemplativa frente al increíble protagonismo del contralor Edgar Alarcón que, a estas alturas, ya parece un candidato en campaña.

¿De cuándo acá un informe de irregularidades administrativas de la Contraloría es vinculante y desencadena una crisis política como la que contemplamos? ¿De dónde sale la cifra —a todas luces irreal e irresponsable— acerca de que la adenda causará una pérdida al Estado de US$ 40 millones? ¿De cuándo acá los errores administrativos son motivos de una denuncia penal? Quizá si en las próximas semanas se demuestra que todas estas afirmaciones de la Contraloría no son reales haya llegado la hora de que el Legislativo tome cartas en el asunto en la gestión del actual contralor, muy vinculado a la pasada gestión nacionalista.

En cualquier caso, ¿cómo es posible que un contralor ratificado por la administración nacionalista hoy se convierta en la última palabra de los contratos del Perú? Una cosa realmente de locos.

Si quienes defienden la economía de mercado hoy permiten que el Estado rescinda un contrato de manera unilateral, el Perú no solo enfrentará demandas millonarias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), sino que se habrán dejado las puertas abiertas para que los enemigos del mercado comiencen a cuestionar los contratos y concesiones en telefonía, electricidad, inversiones mineras y gasíferas y otros. En otras palabras, se abrirá el camino del desmantelamiento de la economía de mercado.