El Perú necesita un satélite de telecomunicaciones propio

La agenda de modernización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluye grandes proyectos ferroviarios, expansión de las telecomunicaciones y el desafío de llevar conectividad a las zonas más alejadas del país. En ese contexto, las recientes conversaciones del ministro Rafael Rey con el embajador de España, que incluyen posibilidades de cooperación tecnológica en materia de telecomunicaciones, ofrecen una oportunidad para volver a plantear una pregunta que el Perú viene postergando: ¿por qué el país todavía no tiene un satélite propio de telecomunicaciones?

La pregunta resulta especialmente pertinente porque la conectividad se ha convertido en una infraestructura tan importante como las carreteras, los puertos o los aeropuertos. Y, sin embargo, mientras el Estado anuncia nuevas inversiones para integrar territorialmente al país, continúa dependiendo de proveedores extranjeros para disponer de capacidad satelital.

No se trata de una dependencia menor. En 2020, el Estado peruano destinó aproximadamente US$21,7 millones al alquiler de servicios satelitales para 45 entidades públicas. En 2021 el monto aumentó a US$34,9 millones y en 2023 superó los US$54 millones. Si el gasto mantiene una trayectoria semejante durante los próximos quince años, el país podría terminar desembolsando alrededor de US$325 millones. Es una cantidad que obliga, por lo menos, a discutir si resulta más racional continuar pagando por un servicio o invertir en un activo que permanezca en el país.

El problema es que el Estado ha venido enfrentando esta necesidad de manera fragmentada. Cada ministerio y organismo público puede contratar capacidad satelital para resolver sus requerimientos particulares, pero no necesariamente existe una política nacional que permita concentrar la demanda, reducir costos y construir una infraestructura común. Así, lo que podría convertirse en una inversión estratégica termina convertido en un gasto permanente.

La situación resulta todavía menos comprensible si se considera la magnitud de la brecha digital. A pesar de los esfuerzos realizados mediante la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y proyectos como Conecta Selva, más de 16.000 localidades rurales todavía carecen de acceso estable a internet. Para una parte importante de la Amazonía, extender redes terrestres supone enfrentar distancias enormes, escasa infraestructura y costos que dificultan la llegada de servicios de calidad.

Es precisamente allí donde un satélite puede marcar una diferencia. No sustituiría a la fibra óptica ni a las redes móviles, pero permitiría complementarlas y llegar allí donde las alternativas terrestres son económicamente inviables. El objetivo debería ser construir un sistema integrado, en el que fibra, redes móviles y capacidad satelital formen parte de una misma política nacional de conectividad.

Las consecuencias de no cerrar esta brecha van mucho más allá de la posibilidad de navegar por internet. Un país desconectado tiene estudiantes que no pueden acceder adecuadamente a plataformas educativas, establecimientos de salud sin condiciones para desarrollar servicios permanentes de telemedicina y productores rurales que quedan al margen del comercio electrónico y de los servicios financieros digitales. La desigualdad territorial se convierte así también en desigualdad tecnológica y económica.

Existe, además, una consideración que debería ocupar un lugar central en cualquier decisión sobre esta materia: la seguridad nacional. El Perú es un país expuesto a terremotos, inundaciones, huaicos y deslizamientos. Cuando una emergencia destruye carreteras, puentes o redes terrestres, las comunicaciones pueden resultar igualmente afectadas. Contar con capacidad satelital propia permitiría garantizar comunicaciones para las Fuerzas Armadas, la Policía, los hospitales y los organismos encargados de responder ante los desastres.

Otros países de la región entendieron hace tiempo esta dimensión estratégica. Argentina desarrolló la serie ARSAT; Bolivia puso en órbita el Túpac Katari; y Brasil ha desarrollado capacidades propias de comunicaciones espaciales. La lección no es que el Perú deba copiar esos modelos, sino que la infraestructura espacial puede formar parte de una política de Estado cuando se la vincula con conectividad, seguridad y autonomía tecnológica.

La cooperación internacional puede ser fundamental para alcanzar ese objetivo. El ofrecimiento de asistencia técnica de empresas con experiencia internacional, como ocurre actualmente en el acercamiento entre España y el MTC, debería servir para incorporar conocimiento y tecnología. Pero cooperación no debe significar dependencia. El propósito final debe ser que el Perú desarrolle capacidades propias para operar, mantener y ampliar sus sistemas estratégicos.

El país tiene instituciones especializadas, experiencia en el ámbito aeroespacial y, sobre todo, una demanda pública suficiente para justificar una evaluación seria del proyecto. Lo que parece faltar es una decisión política que permita dejar de mirar el gasto satelital como una partida inevitable y empezar a considerarlo como una oportunidad de inversión.

En momentos en que el Perú discute cómo conectar sus regiones mediante ferrocarriles, carreteras y nuevas redes de telecomunicaciones, sería un error limitar la mirada a la infraestructura que se construye sobre el territorio. La infraestructura del futuro también está en el espacio.

El Perú no puede aspirar a ser una economía moderna y competitiva manteniendo una dependencia permanente de infraestructura tecnológica extranjera. Un satélite propio no resolverá por sí solo la brecha digital, pero puede convertirse en una pieza fundamental para reducirla. Sobre todo, permitiría que el Estado deje de pagar indefinidamente por una capacidad que, con una visión de largo plazo, podría convertirse en patrimonio tecnológico del país.

La decisión, por tanto, no debería ser entre comprar o alquilar un servicio. Debería ser entre continuar administrando una dependencia o empezar a construir autonomía. Esa es una discusión que el Perú ya no debería seguir postergando.