El Perú ante el Escudo de las Américas

Desde la antigüedad las alianzas entre Estados han planteado una misma interrogante: ¿cómo cooperar con una potencia sin terminar subordinando las propias decisiones? Hoy el denominado Escudo de las Américas vuelve a colocar al Perú frente a ese dilema. No se trata de escoger entre Estados Unidos y la soberanía nacional; se trata de entender que ambas cosas pueden coexistir, siempre que la cooperación tenga reglas claras.

El crimen organizado hace tiempo dejó de respetar fronteras. El narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de activos funcionan mediante redes que se desplazan entre países, utilizan sistemas financieros internacionales y aprovechan las debilidades institucionales de los Estados. Frente a organizaciones transnacionales, pretender combatirlas únicamente desde nuestras fronteras sería ingenuo.

Por eso, que el Perú fortalezca la cooperación con Estados Unidos y otros países de la región puede ser positivo. Compartir inteligencia, mejorar el control fronterizo, seguir el dinero ilícito y desarrollar operaciones coordinadas puede aumentar considerablemente nuestra capacidad de respuesta.

Pero cooperar no significa entregar un cheque en blanco. El verdadero debate sobre el Escudo de las Américas debe concentrarse en las condiciones bajo las cuales el Perú participará. ¿Qué compromisos estamos asumiendo? ¿Qué información podrá compartirse? ¿Existirá presencia de agentes extranjeros? ¿Quién autorizará eventuales operaciones conjuntas? ¿Habrá mando operativo compartido? Y sobre todo, ¿qué mecanismos de control existirán? Estas preguntas no expresan desconfianza hacia Estados Unidos. Expresan respeto por nuestras propias instituciones.

Si los compromisos asumidos involucran materias relacionadas con defensa nacional, soberanía, obligaciones financieras o modificaciones legislativas, deberán seguir los procedimientos que establece nuestra Constitución. Lo mismo ocurre ante cualquier eventual ingreso de tropas extranjeras o intervención directa en territorio nacional. La cooperación internacional puede ser flexible; la Constitución no puede convertirse en opcional.

Tampoco debemos confundir reserva con oscuridad. Evidentemente las operaciones contra organizaciones criminales requieren proteger fuentes, estrategias e información de inteligencia. Nadie pretende que el Estado revele públicamente cada movimiento. Pero una cosa es proteger información sensible y otra muy distinta impedir que los ciudadanos conozcan qué obligaciones internacionales está asumiendo su país.

Además, el éxito del Escudo no debería medirse por anuncios políticos ni fotografías diplomáticas. Debe medirse por resultados: organizaciones criminales desarticuladas, activos ilícitos recuperados, investigaciones iniciadas gracias a inteligencia compartida y mayor control efectivo de nuestras fronteras.

Y existe un límite todavía más importante: ninguna alianza extranjera sustituirá el fortalecimiento de nuestras propias instituciones. Necesitamos una Policía mejor equipada, una Fiscalía capaz de investigar organizaciones complejas, un sistema penitenciario que no funcione como centro de operaciones criminales y una justicia eficaz.

La soberanía no consiste en aislarnos del mundo. Consiste en decidir libremente con quién cooperamos, para qué cooperamos y bajo qué reglas. El Perú necesita aliados. Pero necesita, sobre todo, que cualquier escudo destinado a protegernos permanezca siempre detrás de la Constitución y nunca por encima de ella.