El Perú entrampado en una crisis institucional sin precedentes

Los días se suceden y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se muestra incapaz de tramitar el conflicto social y político que se ha generado de la segunda vuelta. La negativa de la corte electoral a contrastar las actas cuestionadas con el padrón electoral ha escalado el nivel de la crisis. Luego de esta decisión, se conoció la renuncia del magistrado Luis Arce. Como acto siguiente, Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, suspendió a Arce en el cargo –sin tener facultades para hacerlo– y el Ministerio Público designó al magistrado Rodríguez Monteza, quien en una carta previa advirtió de la nulidad de su propio nombramiento.

Argumentos más o menos, lo cierto es que las decisiones del JNE siguen elevando el voltaje de la crisis política. El sábado pasado en La Avenida de La Peruanidad se reunieron más de 500,000 personas exigiendo que se contrasten las actas cuestionadas con el padrón y el respeto al voto. Y algunas voces empezaron a plantear la nulidad de las elecciones.

Cualquiera sea el ángulo de análisis, la gravedad de la crisis no parece que vaya a remitir. Muy por el contrario, cada semana que pasa las concentraciones de los sábados siguen creciendo en número, sobre todo porque un sector del país pretende resolver estos temas a través de la judicialización de los adversarios. Grave error. Antes que amainar la hoguera del enfrentamiento seguirá incrementándose, porque pretender acallar la libertad de opinión de la oposición solo representa el preludio de la amenaza chavista y comunista que teme más de medio país.

De alguna manera hasta aquí estamos en el terreno de la descripción de los hechos. La pregunta que emerge es, ¿qué va a suceder ante la eventualidad de que el JNE proclame a Pedro Castillo como ganador, luego de negarse a echar mano de los padrones electorales? Lo más probable es que el sector que reclama transparencia electoral –es decir, la mitad del país– cuestione la decisión de la corte electoral y siga movilizándose en las calles. En este contexto todas las instituciones –incluso el Congreso– se tensarán alrededor de la polarización nacional.

De esta manera, la decisión del JNE antes que detener la confrontación nacional la disparará a niveles impensados. Existe otra evaluación que señala que la decisión del JNE simplemente apaciguará la protesta de más de medio país porque la resignación ante los hechos consumados devolverá a la ciudadanía a sus problemas cotidianos. Veremos.

Sin embargo, los sectores que consideran que pueden resolver la situación mediante un “caballazo institucional”, o con el recurso de judicializar el conflicto, no reparan en que las impresionantes movilizaciones nacionales no se hacen en apoyo a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, sino porque la mayoría del país entiende que es el único recurso contra un plan chavista para convocar una constituyente y colectivizar la economía. 

En este contexto, con un Castillo eventualmente proclamado, ¿qué sucedería si el candidato del lápiz comienza a honrar sus compromisos con las corrientes comunistas y deja, como se dice, “tirando cintura” a los sectores caviares? En el acto ingresaríamos a una nueva etapa del conflicto en que se escucharían llamados dramáticos por evitar que el candidato del lápiz asuma el poder.

La crisis que enfrenta el actual proceso de construcción republicana, a nuestro entender, es una terminal: o se acaba con este sistema político en que un sector gobierna sin ganar las elecciones y se avanza a reformas institucionales o políticas de fondo, o terminamos en la convocatoria de una constituyente. A nuestro entender, el llamado sector caviar tiene muy pocas posibilidades de detener el giro a la izquierda del movimiento del lápiz, porque carece de votos y de apoyo popular, elementos determinantes en crisis terminales.

Por todas estas consideraciones, y además porque es una demanda de justicia, para seguir defendiendo la libertad solo resta quemar el último cartucho. Es decir, exigir respeto al voto y transparencia electoral hasta el último aliento.