El Perú en medio de los estallidos sociales

Si lo que resta de las élites políticas, los intelectuales, los medios y los periodistas no entienden que el Perú está cerca de un abismo, tarde o temprano los estallidos sociales y las estrategias de desborde social que impulsan las corrientes comunistas y colectivistas podrían encender la pradera. 

Si hasta hoy no sucede en el país lo que acaece en Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador, quizá se explique porque el cierre inconstitucional del Congreso, de alguna forma, ha canalizado el descontento social. Igualmente, otra de las causas que podría explicar que la chispa no encienda nada en el Perú es la tradición anticomunista, estatista, forjada en los sectores populares en la lucha contra terrorismo comunista y la hiperinflación de los ochenta. Sin embargo, creer que el Perú es inmune frente a una posible convulsión social es caer en la irresponsabilidad. Si a esta aproximación le agregamos la lentificación económica y del proceso de reducción de pobreza, la crisis de la política y de los políticos y el descrédito de las instituciones, tenemos el cóctel perfecto para algo desconocido.

Por todas estas consideraciones es urgente que en el debate público, casi inexistente, se supere la extrema judicialización de la agenda y se logre identificar las amenazas que enfrentan el proceso de construcción de instituciones republicanas y la economía de mercado de las últimas tres décadas. Si bien el cierre inconstitucional del Legislativo convirtió a la administración de Vizcarra en una de facto, todos tenemos la obligación de buscar que las próximas elecciones al Congreso en el 2020 restablezcan el equilibrio de poderes.

Con ese restablecimiento, el Ejecutivo debería focalizarse en las responsabilidades de la gobernabilidad: reconstrucción del norte, seguridad ciudadana y el impulso de reformas económicas y sociales que relancen el crecimiento. Únicamente bajo esta lógica estaremos en condiciones de enfrentar la posibilidad de un estallido social y bloquear las estrategias de las corrientes comunistas y colectivistas en la región.

Siempre vale estar consciente de algo: la estrategia del desborde social busca generar la impresión de que nada ha funcionado correctamente y que es hora de la revolución, de la “refundación de la República”. Algo parecido ha sucedido en Chile. Y la envoltura de esta estrategia es la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una Carta Política que lleve a la sociedad a la tierra prometida. En el Perú, como en Chile y Colombia, la estrategia comunista pretende cancelar el régimen económico promercado y proinversión, por uno colectivista en que el Estado tenga las mismas o mayores prerrogativas que el sector privado.

Los sectores comunistas pretenden vender la idea de la novedad. Olvidan que casi todos los países de la región, de una u otra manera, desarrollaron modelos colectivistas con resultados desastrosos. En el Perú la Constitución de 1979 “constitucionalizó” el modelo velasquista, basado en el Estado empresario y la discrecionalidad del poder en el manejo fiscal y la política monetaria. Los resultados fueron trágicos: se arrojó al 60% de la población debajo de la línea de pobreza, el PBI per cápita se desplomó en 30% y la hiperinflación se convirtió en un cataclismo para los más pobres. El Perú, pues, ya tuvo su constitución chavista y la tragedia fue la misma que hoy padece Venezuela. No hay más secretos que contar, pero los sectores comunistas siguen vendiéndonos esa receta.

Hoy la pobreza se ha reducido al 20% de la población y la mayoría de cinturones de pobreza se han convertido en distritos de clase media en donde se levantan malls de todo tipo, gracias a la Constitución de 1993 que consagra la preeminencia del sector privado. Si bien el modelo se agota por falta de una reforma integral del Estado, de las instituciones, de la solución de los déficits acumulados en infraestructuras, es evidente que el problema no está en el mercado y el sector privado, sino en el Estado que se resiste a transformarse. La gran mentira de los comunistas es que pretenden cargarse a lo único que ha funcionado en las últimas tres décadas: el mercado.