¡El Perú de pie en defensa de su Amazonía!

El Ejecutivo ha suscrito el Acuerdo de Escazú, que representa una de las amenazas más lesivas a la soberanía nacional en toda la historia republicana, porque establece una justicia, un sistema legal y determinados procesos ambientales bajo una autoridad supranacional, por encima de la Constitución, las leyes y el Estado peruanos. 

El Tratado en mención es un intento tan burdo de relativizar la soberanía nacional sobre el 53% del territorio nacional que diversos sectores civiles, militares, económicos y sociales, comienzan a levantar una ola de protesta exigiendo que el Congreso no ratifique un Tratado que relativiza la soberanía nacional a favor de las estrategias globales de diversos sectores marxistas.

El ex Canciller de la República Francisco Tudela ha señalado que la principal amenaza del Acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica, es que establece una dualidad legal, porque el convenio señala que “en la administración de justicia en asuntos de medio ambiente en la Amazonía se utiliza tanto el derecho nacional como el derecho internacional”. 

En otras palabras, se pretende crear un sistema jurídico parecido al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha cercenado las soberanías de los estados nacionales con respecto al ideologizado tema de “los derechos humanos”, que fomentan las izquierdas; no para proteger derechos verdaderos, sino para erosionar la autoridad de los estados republicanos. Por ejemplo, el Perú es uno de los países del tercer mundo que más proyectos mineros tiene bloqueados en base a leyendas y mitos ambientales contra la inversión; pero sobre todo por la acción violentista de los sectores anti inversión, que avanzan frente a la parálisis de las instituciones del Estado, por temor a la justicia supranacional de los llamados Derechos Humanos.

¿Qué puede suceder si el Congreso aprueba el Acuerdo de Escazú? Que los temas ambientales se sometan a una justicia supranacional y se bloqueen las inversiones en petróleo, gas y proyectos forestales y agrícolas sostenibles con el medio ambiente. De esta manera la Amazonía avanzaría a convertirse –en medio de la pobreza generalizada de sus habitantes– en “patrimonio común de la humanidad”, como hoy lo es la Antártida. 

Pero eso no es todo. El Acuerdo de Escazú es más avezado con respecto a las estrategias que desarrollan los sectores marxistas –luego de la caída del Muro del Berlín– con respecto al globalismo que relativiza la soberanía nacional de los estados a través del llamado multilateralismo (Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, entre otros). ¿Por qué sostenemos esta tesis? El artículo 23 del mencionado Tratado no permite la reserva de un Estado en asuntos que considere lesivos. En otras palabras, el mensaje es claro: aceptas el nuevo gobierno mundial o estás fuera de la globalización.

Luego del derrumbe del bloque soviético, los sectores marxistas y comunistas se reinventaron y asumieron una estrategia globalista alrededor de temas como derechos humanos, medio ambiente y libre comercio, entre otros, con objeto de vaciar estos conceptos y principios de sus significados originales. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio contempló en silencio cómo, durante tres décadas, “el capitalismo de estado chino” ignoró todos los derechos intelectuales de propiedad que caracterizan y explican el capitalismo de Occidente. En las últimas semanas igualmente hemos visto los yerros, silencios y tolerancias de la Organización Mundial de la Salud –también controlada por neomarxistas– frente a las responsabilidades de China en la pandemia. El tema de los derechos humanos es un asunto muy cercano al país.

Nadie está en contra de la globalización. En cualquier caso, sería una opción delirante. Pero hasta hoy no se conoce una fórmula más eficiente en cuanto a la globalización que la dialéctica que han desarrollado los estados nacionales en el concierto internacional. Esa dialéctica pretende ser dinamitada por este nuevo globalismo neomarxista.

Este tipo de globalismo hoy pretende avanzar un paso más con el Acuerdo de Escazú, promoviendo un Tratado en el que los estados nacionales no pueden desarrollar reservas. De ninguna manera. El Congreso no puede ratificar este Acuerdo porque condenaría al Perú a avanzar hacia el Bicentenario con el 53% de su territorio bajo jurisdicción de burócratas mundiales que promueven oenegés y fomentan fórmulas en contra de la inversión.