El peligro del juez carcelero

El fin de las ideologías nos llevó a creer que las masas que predominaban en el espacio público iban a ser reemplazadas por una ciudadanía crítica. Sin embargo la explosión de las tecnologías, de Facebook, Twitter y las redes sociales, ha desatado otro tipo de muchedumbre: una que se reúne en las calles ocasionalmente, pero que lincha en tiempo real. En sociedades sin instituciones ni tradiciones democráticas, sumergidas en casos de corrupción —como el de Lava Jato—, surgen los “héroes” de la sociedad, los eternos candidatos a cualquier cosa. Y de pronto fiscales, jueces y políticos se resbalan en pendientes de ajusticiamientos y venganzas que llegan a estirar la ley a límites inimaginables.

El juez Richard Concepción Carhuancho es un ejemplo claro.  El hombre reparte detenciones provisionales a diestra y siniestra, de la misma manera que los políticos ofrecen el oro y el moro durante las campañas electorales. El hombre es un “rudo de la justicia”, una especie de “vengador implacable” que convoca el delirio de las muchedumbres —casi igualito como en el Medioevo se decapitaba a los rivales del rey en acto público—, mientras los políticos se suman a la ola populista de aplausos, y un periodismo cada vez más pobre en lecturas aplaude con euforia en búsqueda del esquivo rating.

Cuando las investigaciones reservadas de los fiscales se convierten en comunicados de prensa repartidos en las redacciones para judicializar a eventuales rivales políticos, y cuando los jueces compiten entre ellos en bravura contra el acusado, la democracia está a merced de cualquier aventurero. Y peor si los políticos participan del linchamiento de sus adversarios. Por ejemplo, la izquierda caviar se apoderó del país en los últimos quince años y movilizó a la sociedad en el linchamiento de los responsables de la corrupción del fujimorato. Se cometieron barbaridades, como el caso del general Walter Chacón.

Más tarde el fujimorismo se convirtió en mayoría y también se transformó en una fuerza de impulso político en la judicialización de sus rivales. Desde el Congreso y sus comisiones se alentó esa tendencia, se aplaudió “la firmeza del juez Carhuancho” y ese mismo juez autorizó el allanamiento de los locales de los partidos de la mayoría legislativa del Perú sin que existiese una sola razón valedera. La barbarie jurídica es hija directo de la polarización, y ningún partido democrático debería participar de esa tradición antidemocrática de la Colonia, de los comunismos y de los fascismos más diversos.

La muchedumbre que aplaude al juez carcelero, que se reparte en entrevistas y se convierte en un media star, nos hace olvidar que la detención provisional es una medida excepcional en el proceso penal y en el ordenamiento constitucional del Perú. El artículo 2, inciso 24 de la Carta Política, establece que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado jurídicamente su responsabilidad”. En el sistema internacional de protección de los Derechos Humanos, la presunción de inocencia se consagra en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa…”.

Si bien la presunción de inocencia es un derecho relativo de acuerdo a las necesidades procesales, resulta incuestionable que la detención provisional es una medida excepcional.  Desde ese punto de vista se debería revisar, por ejemplo, la situación de Ollanta Humala, Nadine Heredia y los empresarios recientemente encarcelados.

En la sociedad de las muchedumbres se suele convertir en un dios al pueblo, a la nación, a la clase y también a la ley. Hoy hasta los liberales vargallosianos, enceguecidos por sus pasiones antifujimoristas, sostienen que el bárbaro allanamiento de los locales de Fuerza Popular es una medida legal. Claro que es legal porque la ley se puede estirar como un chicle si es que existe el intersticio posible. Sin embargo el hecho de que no exista caso contra Fuerza Popular después de las declaraciones de Odebrecht en Curitiba  convierte el allanamiento en un verdadero abuso de autoridad, tipificado en la ley y con la sanción correspondiente.

Los demócratas no percibimos que cuando estiramos la ley como un chicle y alentamos la polarización en el Perú, en realidad, estamos permitiendo que algunos aventureros se apoderen de instituciones tutelares de la democracia para judicializar a sus rivales. El gran peligro que es que la cadena de acciones y reacciones desate el lenguaje de las masas políticas (leáse fujimoristas).  Hora de reflexionar y retroceder.