El mundo estupefacto contempla al Gobierno antiminero del Perú

Los economistas y las proyecciones señalan que, incluso sin nuevas inversiones, en el 2022 el Perú debería crecer por encima del 6% anual y avanzar –en pocos años– a reducir la pobreza por debajo del 15% de la población. La explicación: el nuevo superciclo de los precios de los minerales; sobre todo el del cobre, que sobrepasa los US$ 4.80 dólares la libra. Un récord histórico.

Ese mismo superciclo de precios de los minerales debería establecer una tendencia a la baja del dólar, porque ingresan chorros de moneda extranjera a la economía nacional. Sin embargo, el dólar sigue subiendo. El gobierno de Pedro Castillo ha logrado lo que parecía imposible: detener un proceso de crecimiento de tres décadas, desplomar la inversión privada en cerca de 20 puntos, alentar una fuga de capitales que no cesan. Y de pronto, todos los peruanos comienzan a volverse más pobres. Ricos y pobres unidos contra el Gobierno de Castillo.

Los anuncios de la asamblea constituyente, de las nacionalizaciones del gas y los recursos naturales, y la designación de dos gabinetes compuestos por las corrientes comunistas y progresistas han frenado en seco al Perú. Pero una de las cosas que más impresionan del dogmatismo fundamentalista comunista de los dos gabinetes designados por el presidente Castillo es su incuestionable vocación antiminera.

¿Por qué expresamos nuestro asombro, incluso considerando la filiación comunista de los ministros del Gobierno? Porque los comunistas peruanos representan una ortodoxia anti inversión que ha sido dejada de lado por los comunistas de otras regiones; como ejemplo tenemos las experiencias de China y Vietnam. Ambos países mantienen una centralización totalitaria del poder, pero se rinden ante la realidad de la economía en la que salvo la inversión privada y los mercados, todo lo demás es ilusión.

Cuando fue presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido organizó el actual conflicto en Las Bambas, aceptando la demanda de las minorías de Chumbivilcas, que exigían ser reconocidas como áreas de influencia directa, pese a estar a más de 200 kilómetros de la mina. Hoy la PCM, Mirtha Vásquez, luego de armar la hoguera antiminera en el sur de Ayacucho, anunciando el cierre unilateral de cuatro minas –más allá del posterior retroceso del Ejecutivo– se niega a aplicar la Constitución y la ley contra los sectores radicales que tienen sitiada a Las Bambas.

De pronto avanzamos a fin de año con más de 400 días de paralizaciones acumulados y una producción menor en 100,000 toneladas métricas de cobre (TMC) de la empresa MMG-Las Bambas, una de las diez megaminas de cobre más grandes del planeta, que representa el 1% del PBI, el 15% de la producción de cobre nacional y el 2% de la producción del metal rojo del mundo. Y que explica el 75% del actual PBI de Apurímac, y que la pobreza haya bajado de 60% de la población a menos de 40% en los 84 distritos apurimeños.

Si una de las diez megaminas de cobre más grande del mundo se paraliza por la acción de menos de 500 personas y el Ejecutivo contempla indiferente y todavía se propone empoderar a las minorías violentistas que bloquean carreteras con asesoramientos legales del Gobierno, entonces el Ejecutivo se ha convertido en el peor enemigo de la minería.

Si a estos le sumamos la nueva lógica anti inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que pretende aumentar impuestos a ciudadanos y empresas, y sobre todo restarle competitividad a la minería, entonces queda en evidencia que los comunistas hoy en el poder, pertenecen a esa tradición libresca y dogmática que prefiere mil veces la ideología que la realidad.

Estamos, pues, ante un Gobierno antiminero que sorprende al mundo por su fundamentalismo ideológico y por su acción destructiva contra tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza. ¿Hasta cuándo la mayoría de peruanos soportará esta tragedia?