El Jurado Nacional de Elecciones frente a la historia

En un reciente comunicado de personalidades y abogados constitucionalistas se invoca al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a asumir su papel frente a la historia, ante el dramático momento que atraviesa el proceso de construcción republicana. Se señala que la concepción moderna del derecho se nutre de “principios y valores superiores”.

Igualmente, en el comunicado se menciona un párrafo del artículo 176 de la Carta Política que señala lo siguiente: “El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa”. Asimismo, se añade que el artículo 2 de la ley orgánica del JNE señala que el fin supremo de esta corte electoral es velar por el “cumplimiento y respeto de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales”.

Y, finalmente, se agrega que las denuncias de irregularidades en el escrutinio de diferentes mesas y centros electorales, que podrían afectar gravemente la voluntad popular, no pueden ser arregladas con criterios formalistas y administrativos.

¿Qué nos pretende decir este comunicado? Que debemos alejarnos de los criterios adolescentes con que el martes pasado la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó “los resultados con el 100% de actas contabilizadas”, que posibilitó una minicampaña del establishment de los últimos años, señalando que Pedro Castillo de Perú Libre había sido electo por una diferencia de más de 44,000 votos. 

Si entre los funcionarios de la ONPE hubiese buena voluntad o responsabilidad con el momento institucional y político de la República, se habría informado que esta entidad ya terminó de procesar las actas disponibles, excepto las que se tienen que tramitar ante la segunda instancia electoral. Felizmente, horas más tarde, el JNE aclaró las cosas luego de un balconazo de masas de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

El comunicado de los constitucionalistas, de una u otra manera, señala que la corte electoral debe asumir su papel frente a la historia republicana. En otras palabras, se procede de acuerdo a la Constitución, la ley y los principios del derecho político y electoral o se escuda en los viejos formalismos administrativos que, en gran parte, explican nuestro fracaso como República.

En este contexto debe entenderse que el lunes pasado recién se iniciaron las audiencias públicas de la segunda instancia electoral. Es decir, las audiencias ante el JNE, luego de que los jurados electorales especiales tramitarán las 1,300 actas –-entre impugnadas y observadas (la mayoría en los bolsones de Fuerza Popular)– y las 802 demandas de nulidad planteadas.

Ante esta situación ha surgido un debate administrativo alrededor de plazos, tasas y otras formalidades que evocan los argumentos de los burócratas de antaño, que reclamaban papel sellado. 

El comunicado de los constitucionalistas que reseñamos, precisamente sostiene que en el derecho electoral deben prevalecer los valores y principios que están recogidos en la Constitución y en las grandes tradiciones republicanas y libertarias: aquellos que velan por el respeto irrestricto a la voluntad popular, expresada en los sufragios.

En ese sentido todas las denuncias de irregularidades y fraude en mesa deben ser tramitadas con arreglo a estos principios, descartando los argumentos administrativos que sostienen, por ejemplo, que los plazos deben considerarse a las 20:00 horas de determinado día y no de acuerdo a las 72 horas establecida en la ley. 

Esas discusiones jamás deberían existir porque podrían interpretarse como argumentos para violentar la voluntad popular.

En cualquier caso, el JNE tiene la palabra. Asume su papel frente a la historia, considerando que la sociedad está dividida en dos mitades polarizadas, enfrentadas como dos ejércitos civiles a punto de estallar; o se utilizan argumentos administrativos. Es hora de aplicar la Constitución, la ley e imaginar el contexto político en que la corte electoral debe considerar una salida al momento dramático de la República.