El Gobierno y Perú Libre y la estrategia antiminera

Acaba de conocerse que Edison Vargas, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, que encabezó las recientes acciones de violencia en contra de MMG- Las Bambas, será candidato a regidor accesitario por Perú Libre al municipio del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurímac. Para las próximas elecciones regionales, entonces, el radicalismo extremista se representará en el partido oficialista. Igualmente, Gregorio Rojas, ex presidente de la mencionada comunidad, también postula por Perú Libre como regidor en el señalado distrito.

Las cosas pues están demasiado claras. Nadie exageró cuando se sostuvo que el Gobierno desarrollaba una estrategia que buscaba empoderar las minorías radicales en las áreas mineras, sobre todo en el corredor vial del sur. MMG -Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, ha sido las más afectada por esta estrategia que viola el sistema de propiedad minera consagrada en la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y todo el sistema de derecho.

Si se trata de despejar cualquier duda, se acaba de conocer que el proyecto minero Azuza de la compañía minera Ares SAC, ubicada en Antabamba en Apurímac, acaba de ser saqueada por minorías violentistas. Previamente se expulsó del campamento minero a todos los trabajadores que laboraban en el campamento. Ha trascendido que este nuevo hecho que viola la Constitución, las leyes y los contratos firmados por el Estado, habría sido perpetrado por mineros ilegales pertenecientes al grupo “Uchuro”. En otras palabras, las áreas mineras comienzan a convertirse en un Lejano Oeste.

 Vale recordar que cuando Guido Bellido ejercía la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respaldó que las comunidades del Cusco, emplazadas a más de 100 kilómetros de la operación minera de Las Bambas, para que sean consideradas como zonas de influencia directa de la mina. Asimismo, cuando Mirtha Vásquez desempañaba la PCM, en el sur de Ayacucho, luego de cerrar unilateralmente cuatro operaciones mineras -el Ejecutivo retrocedió en la anticonstitucional medida-, el Gobierno ofreció respaldo legal a los violentistas que incendiaron algunas minas.

¿Por qué Perú Libre se ha propuesto empoderar a los sectores del radicalismo antiminero? Es el camino directo para avanzar en la estatización de las minas del país, sobre todo las del cobre. Si las minorías radicales extreman sus demandas y plataformas, radicalizan sus acciones de protesta, y el Estado renuncia a ejercer la autoridad democrática y aplicar la Constitución y las leyes, las áreas mineras se convierten en tierras de nadie, en una especie regiones liberadas de la autoridad estatal. En este contexto, la violencia termina paralizando la producción, tal como sucede en Las Bambas, desde más de 25 días atrás, y sucedió en Cuajone en Moquegua. Ambas minas suman cerca del 25% de la producción nacional de cobre.

En los próximos días, entonces, es casi seguro que veremos que las listas de Perú Libre en las zonas mineras se pueblen de representantes del radicalismo antiminero. 

La estrategia de empoderar al radicalismo antiminero tiene consecuencias demasiado graves para la población que se sitúa debajo de la línea de pobreza (25% de la población), en el preciso momento en que el precio de los minerales -sobre todo el del cobre -alcanza niveles históricos. MMG- Las Bambas -como si un ejército de ocupación extranjera ocupara la mina-, ya acumula más de 476 días de paralizaciones no obstante que la producción del proyecto representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y más del 75% del PBI de Apurímac.

Una de las preguntas que emerge es qué va a suceder con la minería en general si es que el Estado, las instituciones y el propio Gobierno, no se deciden a restablecer la vigencia del Estado de Derecho en Las Bambas. No sería nada extraño imaginar una oleada de “toma de minas” -tal como sucede en Las Bambas- con el objeto de quebrar el sistema de propiedad minera, paralizar la producción, y crear un escenario favorable a la estatización de los proyectos de cobre.

Finalmente, para que la estrategia del Foro de Sao Paulo continúe en la región, necesitan succionar los recursos naturales de la región. Con la nacionalización del petróleo en Venezuela a través de PDVSA hicieron lo que parecía inimaginable: convertir a uno de los países más prósperos de América Latina en uno sumido en miseria y tragedia. Queda claro que no se puede defender la Constitución y las libertades sin defender el modelo económico y las minas del Perú de la ofensiva radical.