El gobierno alardea con la confianza ante llegada de Misión de la OEA

En un acto que debería ser inscrito en la galería de curiosidades constitucionales, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, envió un oficio al presidente del Congreso, José Williams, informando que presentarían una cuestión de confianza exigiendo que se proceda a discutir y derogar la Ley N° 31355 que, precisamente, regula la cuestión de confianza. 

Como todos sabemos la Ley N° 31355 establece que el Ejecutivo no puede interponer cuestiones de confianza con respecto a las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, que están consagradas en la Constitución Política del Perú. La señalada ley fue aprobada luego de la destrucción institucional que desarrolló el Gobierno de Martín Vizcarra, que incluso pretendió justificar el cierre inconstitucional del Congreso en base a una figura que no existe en la Constitución: una supuesta denegación fáctica de confianza. El golpe de Estado de Vizcarra se produjo cuando el Congreso ejercía una función exclusiva y excluyente, de acuerdo al texto constitucional: elegía los miembros del Tribunal Constitucional (TC).

El primer ministro entonces pretende plantear una cuestión de confianza con respecto a una ley aprobada constitucional y legalmente por el Congreso. Y que, además, fue declarada constitucional por el TC luego de que el Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad. El mensaje parece ser evidente: el Ejecutivo pretende utilizar el software que se utilizó para cerrar inconstitucionalmente el Congreso.

Ahora bien, ¿cómo así uno de los gobiernos más débiles de la reciente historia, que convoca un masivo rechazo popular, pretendería cerrar el Legislativo y entronizarse en el poder a horas de la llegada de la Misión de Observadores de la OEA? Todo indica que estamos ante un bluff político que busca, una vez más, polarizar para luego aparecer cediendo a un supuesto diálogo o a los supuestos acuerdos que debería impulsar la misión internacional.

Ante semejante situación, el Congreso solo debería declarar la improcedencia de la cuestión de confianza y volver a los temas centrales que demanda la agenda legislativa. Y la oposición debería focalizarse en elaborar una agenda común para enfrentar la llegada de la Misión de Observadores de la OEA. El camino debería ser evitar, a cualquier costo, caer en la provocación y bluff que pretende desarrollar el Ejecutivo para generar la impresión de una guerra de dos bandos.

El Congreso y las demás instituciones de la República deben dejar en claro ante la Misión de la OEA que el Ejecutivo es el único que actúa al margen de la Constitución, y que ha sido el origen de la polarización y los enfrentamientos en el país. Tal como acaba de suceder con esta curiosidad constitucional de pretender decirle al Congreso que derogue una ley aprobada, precisamente, para evitar las "confianzas" en contra de las funciones exclusivas y excluyentes del Legislativo.