La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Es incuestionable que, luego del golpe fallido de Pedro Castillo y después del fracaso de las olas insurreccionales contra el Estado de derecho y la Constitución, el Perú parece haberse salvado –al menos por ahora– de un proyecto dictatorial de largo plazo. Durante la violencia contra la Constitución del verano pasado, de una u otra manera, todos los peruanos de buena voluntad contemplamos la maestría táctica del bolchevismo: desde presentar la violencia organizada como un movimiento espontáneo hasta convertir a verdaderos milicianos que atacaban a la policía y las fuerzas armadas en “víctimas” de violaciones de Derechos Humanos.
A pesar de las limitaciones de Pedro Castillo y la tragedia de su Gobierno, las izquierdas dejaron en claro que saben hacer política. Las llamadas centro derechas o las fuerzas democráticas, por el contrario, actuaron espontáneamente, sin un plan. Y si hoy seguimos en Estado de derecho es porque Castillo arruinó el plan insurreccional, cambiando hora y fecha, y al margen de la asesoría profesional extranjera.
Sin embargo, en el balance de la oposición es necesario rescatar la convergencia, la unidad que se gestó para defender el Estado de derecho. Una unidad que, a nuestro entender, será decisiva para defender el sistema constitucional de aquí hacia el 2026. ¿A qué nos referimos? A la unidad para desarrollar la ley de confianza que posibilitó que el Gobierno de Castillo no utilizara el software vizcarrista para disolver el Congreso. A la misma unidad que permitió aprobar la ley que evitaba un referendo sin pasar previamente por el Congreso, que evitó que se aprobara una reforma tributaria que modificaba el modelo económico y, sobre todo, a la unidad que posibilitó la convergencia para elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional. Esa unidad en el Congreso, y también en las calles, posibilitó preservar el Estado de derecho.
Esa unidad se llama frentismo; es decir, la capacidad de organizaciones débiles de unirse en función de un objetivo superior (y enemigo superior) y deponer legítimas aspiraciones en función de un bien mayor. En este caso, el objetivo era preservar el Estado de derecho y derrotar el proyecto colectivista y progresista del eje bolivariano. La oposición en ese sentido estuvo a la altura de las circunstancias y hoy podemos sostener que gracias a la acción del Congreso seguimos regidos por la Constitución y en Estado de derecho.
Sin embargo, los demócratas están obligados a sacar algunas lecciones urgentes sobre la unidad y el frentismo. En las siguientes semanas se enfrentará la elección de la mesa directiva del Congreso y las llamadas bancadas de centro derecha –tales como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y sectores de Acción Popular– se caracterizan por el distanciamiento y la balcanización entre ellas. Si esta tendencia continúa no sería nada extraño que la izquierda comunista adquiera tal protagonismo en la próxima mesa del Congreso que amenace la gobernabilidad.
Pero la unidad y el frentismo no solo sirven para enfrentar los problemas del Legislativo. Los partidos como tales son demasiado frágiles e impotentes para proponerse por sí solos recuperar el favor de las poblaciones y provincias del sur, la mayoría influenciada por las narrativas antisistema sobre “el modelo neoliberal y el estado centralista”. Los partidos de la centro derecha deberían ser capaces de organizar una mesa de unidad y desarrollar un plan de esclarecimiento y proselitismo en el sur. No se puede abandonar esas regiones a la prédica comunista.
La amenaza del eje bolivariano no ha culminado. Puede regresar en el momento menos esperado ante las incapacidades del Estado y de los sectores democráticos. La unidad es un camino para superar estas deficiencias y el peor argumento es el que sostiene que el cronograma electoral hacia el 2026 organizará a las alternativas de manera natural. No es así. Las izquierdas comunistas no cesan un solo día en la organización y el trabajo en función de sus objetivos de poder.
En este contexto, la unidad en el 2026 definirá si los sectores democráticos han aprendido de la tragedia y están dispuestos a superar las permanentes amenazas del eje bolivariano, no obstante el crecimiento y la reducción de la pobreza en la sociedad.
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