El fracaso municipal en la formalización

Se permitió urbanizar márgenes de ríos que se desbordaron

Las lluvias y huaicos que han afectado las propiedades de miles de peruanos y han destruido la infraestructura nacional, no solo han desvelado la falta de prevención de los gobiernos central, regional y local, sino también el fracaso del Estado en organizar el espacio urbano.

En las ciudades de la costa norte no existe planificación urbana y los gobiernos locales han cometido graves irresponsabilidades al otorgar certificados de posesión en las riberas de los ríos. Semejante hecho ha desencadenado un fenómeno inaudito: las márgenes de los ríos de la costa se han convertido en verdaderas ciudades que reducen los cauces y colmatan los lechos por donde se desbordan las riadas. ¿En este contexto no ha llegado la hora de pensar en una recentralización de funciones y competencias para que el Estado recupere su capacidad de planificar el espacio urbano?

Desde este portal hemos sostenido que el principal problema del modelo económico y social vigente en los últimos 25 años —que ha reducido la pobreza a un quinto de la población y ha expandido a las clases medias— siempre ha sido el fracaso, la falta o la ausencia del Estado. En el Perú del último cuarto de siglo solo ha funcionado y cumplido su papel el sector privado, mientras que el Estado ha fracasado en todas las líneas. Sin el aporte privado de hoy el país no tendría viabilidad alguna.

El fracaso del Estado se nota de forma nítida cuando, por ejemplo, en el hecho de que los gobiernos subnacionales desarrollaron procesos de entrega de documentos (Certificados de Posesión) para terrenos en los márgenes de los ríos que se han desbordado en el norte. En la medida que las municipalidades provinciales y distritales realizan la habilitación urbana y pueden entregar certificados de posesión, el afán electorero y la búsqueda de reelección indefinida de los alcaldes degeneró en masivas campañas —sin sustento técnico— de entrega de estos documentos. De allí que se entregaron Certificados de Posesión sobre terrenos con alto riesgo como, por ejemplo, en las fajas marginales de los ríos (Chosica, Huarochirí) ignorando las normas que indican expresamente que no se puede habilitar ningún terreno cerca de 200 metros del cauce.

A esto se suma que en el 2006, antes de que termine el periodo del ex presidente Alejandro Toledo, el gobierno —a través de la ley— abrió la puerta para que la sola presentación del Certificado de Posesión sirva como garantía legal para que el posesionario pueda iniciar trámites para acceder a servicios básicos como agua potable, electricidad o telefonía. Con aquella decisión se desincentivó la búsqueda del título de propiedad ante Cofopri, la institución encargada de formalizar los predios.

En semejante escenario crecieron las mafias de traficantes que —en complicidad con malos funcionarios municipales, sectores de la policía y algunas autoridades judiciales— desarrollaron redes bien organizadas para invadir terrenos y luego venderlas al poblador que buscaba desesperadamente la propiedad. Según datos del Cofopri, hasta ahora se han creado más de 8,000 empresas inmobiliarias ligadas al tráfico de terrenos. Al respecto vale señalar la extraña obsesión de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) de reclamar las posesiones de ciudades enteras y de miles de posesionarios en la costa norte, en contraste con la indiferencia que manifiesta frente a la peligrosa urbanización de los márgenes de los ríos.

Se necesita recuperar la planificación del crecimiento del espacio urbano, como lo hacen todos los estados modernos del planeta. Algunos analistas creen que para ello se debe crear otra institución que centralice los procesos de formalización y que los gobiernos subnacionales solo asuman el papel de entes ejecutores.