El Estado con la autoridad quebrada

Es realmente impresionante el contraste que existe entre la manera frontal y perentoria con que el presidente Vizcarra emplaza al Congreso a aprobar una supuesta reforma política elaborada por notables oficialistas y las dudas y balbuceos frente a los permanentes desafíos que le plantea el radicalismo con respecto al proyecto Tía María. El contraste no solo vale para el jefe de Estado, sino también para los medios tradicionales que suelen demoler cualquier iniciativa opositora. Hoy, frente a las leyendas y mentiras que —por ejemplo— desarrolla el congresista Marco Arana sobre el proyecto Tía María, guardan un silencio contemporizador, por decir lo menos. ¿Cómo se puede aceptar el argumento de Arana acerca de que Tía María afectará a la agricultura si el proyecto utilizará agua de mar y no tocará una sola gota del río Tambo?

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, utilizando una vestimenta copiada de los jerarcas comunistas asiáticos, emplazó al presidente Vizcarra, otorgándole un plazo de 72 horas, para que anule la licencia de construcción de Tía María. De lo contrario, dijo Cáceres, el jefe de Estado debería asumir la responsabilidad de eventuales muertes. ¿Un gobernador regional amenazando al Ejecutivo con posibles cuotas de sangre? Ante las declaraciones de Cáceres a ningún fiscal se le movió una ceja, y los políticos de todos los partidos se sentaron en la platea a observar los acontecimientos. Y lo más grave: en el Ejecutivo, donde se suele amenazar con cierres al Congreso, hubo premura en aclarar que la licencia de la construcción de ninguna manera significaba empezar las obras en la mina.

Semejante situación revela cómo la guerra política que desarrolla el Ejecutivo contra el Legislativo ha terminado desenfocando al Estado y a las instituciones de las verdaderas prioridades del país. ¿Acaso en el Ejecutivo no se comprende que todas las proyecciones económicas empiezan a señalar que el Perú crecerá menos de 3%? ¿Acaso no se comprende que, de alguna manera, la economía ingresa a una fase recesiva y que el aumento de pobreza terminará estallando en la cara del propia del Ejecutivo? ¿Acaso los partidos del Congreso no entienden que un frenazo económico con aumento de pobreza, simplemente, los sacará del escenario del 2021 favoreciendo las posibilidades de los proyectos antisistema y anticapitalistas?

De allí que tanto cálculo del Perú oficial frente a la urgencia de concretar el proyecto Tía María realmente estremezca. Y es que no solo se trata de Tía María, sino de todo el Corredor Minero del Sur que pretende ser bloqueado por el radicalismo antiminero, ya sea para ralentizar el crecimiento y promover una ofensiva antimercado el 2021 o para favorecer a los financistas de las ONG antimineras, algunos de ellos ubicados en la especulación del cobre en las bolsas de valores.

De alguna manera los únicos sectores que parecen tener las cosas claras son los radicales antimineros y los comunistas del Frente Amplio, de Nuevo Perú, del MAS y los llamados etnocaceristas, entre otros. La tienen tan clara, como se dice, que frente a la poca participación de la población del Valle de Tambo en las protestas contra Tía María intentan convocar a un paro en la llamada macrorregión sur para presionar, desde afuera, en contra del emprendimiento minero.

Como se aprecia, la guerra contra el Congreso que desarrolla Vizcarra ha terminado debilitando, en primer lugar, al propio Ejecutivo, al margen de las conocidas encuestas de Ipsos. Y es que en la democracia la autoridad proviene de la soberanía que delega el electorado; y más allá de los desprestigios del Congreso, es evidente que esa autoridad es legítima y fuerte cuando nace de la convergencia de políticas entre ambos poderes del Estado. Vizcarra, cada vez más, se parece a esos generales erráticos que desarrollan guerras sin sentido, mientras los verdaderos enemigos preparan la ofensiva final. Es devastador el momento que atraviesa la actual experiencia republicana.