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Gobierno incumple compromisos asumidos ante comunidades
El estado vuelve a ser la fuente de los problemas de la minería. En mayo de 2012, las violentas protestas contra el proyecto cuprífero Antapaccay (US$ 1,400 millones de inversión) en Espinar, Cusco, dejaron 3 personas muertas, 12 heridas y 26 detenidas. Como una medida para solucionar el conflicto, el estado y las autoridades locales crearon una Mesa de Diálogo cuyo proceso de negociación duró hasta el 2013. Como parte de los acuerdos, el estado asumió responsabilidades que hoy incumple.
Según un último reporte de la Defensoría del Pueblo, Antapaccay está entre los diez proyectos mineros en los que se podrían reavivar los conflictos. Entre las causas de una posible violencia -según el referido informe- está el hecho de que la población exige el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la Mesa de Diálogo y la ejecución inmediata del programa de inversiones. ¿De qué se trata el compromiso del estado?
Entre junio del 2012 y julio del 2013, la Mesa de Diálogo contó con la asistencia de varios ministros de estado, el gobernador regional, autoridades locales, líderes comunales, y varios funcionarios que representaron a instituciones estatales. En las reuniones se aprobó un programa de 36 proyectos de inversión, por un monto aproximado de S/. 1,587 millones, para el desarrollo de la provincia de Espinar y las comunidades campesinas aledañas al proyecto minero.
El programa de inversiones incluye 10 proyectos de riego (S/. 445 millones), 4 de carreteras (S/. 770 millones), 11 de electrificación (S/. 68 millones) 3 de saneamiento básico (S/. 50 millones) y la construcción de un moderno hospital en la provincia por un monto superior a S/. 150 millones. Para agravar las cosas, el estado no solo incumple los compromisos sino que ha reducido el monto de inversión: Ahora solo será de 1,200 millones para el periodo 2015-2016. Pero no hay nada concreto.
Para muestra un botón. Según documentos de Proinversión, el anhelado hospital para Espinar será declarado viable todavía en el primer trimestre del próximo año. Hasta ahora, según información de la municipalidad provincial de Espinar, solo se ha gestionado el terreno donde se construirá la obra. El gobierno regional del Cusco asumirá la ejecución total del proyecto. No obstante una aclaración: Según el portal de Transparencia Económica del ministerio de Economía, el gobierno regional cusqueño solo ha ejecutado el 57% del presupuesto asignado para proyectos. ¿Un gobierno regional con un paupérrimo desempeño de gasto podría construir un hospital valorizado en S/. 150 millones para el 2016? Lo dudamos. Tres años después de firmados los compromisos en la Mesa de Diálogo, el hospital es todavía una idea.
De los 36 proyectos priorizados muy pocos tienen código SNIP. Por ejemplo, el proyecto “Instalación del sistema de riego represa Sotopata, distrito de Pichigua, Cusco” con código 232374 y cuyo monto representa S/. 73 millones, está en formulación desde el 2012. Una tremenda irresponsabilidad.
Mientras el estado duerme el “sueño de los justos”, para decirlo en criollo, el radicalismo antiminero no descansa. Con el apoyo de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras, líderes radicales se organizan bajo el argumento de que el proyecto Antapaccay está contaminando los ríos aledaños a la zona de influencia a pesar de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha refutado tamaña mentira más de una vez.
El estado, la tramitología y los burócratas construyen la indolencia pública que irrita a las comunidades y poblaciones mientras un nuevo conflicto social podría desatarse. No dejemos que la ceguera del estado siga bloqueando los proyectos mineros. Antapaccay es una necesidad para el Perú.
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