¡El Estado abandona a Las Bambas!

El bloqueo de la mina Las Bambas acumula más de 15 días, frente a la indiferencia de un Estado que renuncia a aplicar la Constitución y las leyes, y a hacer respetar los contratos. Una producción de más de 150,000 toneladas métricas no se puede enviar al exterior en precisos momentos en que el precio del cobre alcanza niveles históricos (más de US$ 4.80 la libra).

A ello le debemos agregar el dato estremecedor de que Las Bambas –uno de los diez megaproyectos de cobre del planeta–, ha acumulado más de 400 días de paralizaciones desde que se inició la operación, y que en vez de producir 450,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales, apenas produce menos de 300,000 TMC, la pregunta es inevitable: ¿Existe Estado en el Perú? ¿Hay un gobierno en el Perú?

El bloqueo de la producción de una de las diez minas de cobre más grandes del planeta se produce por la acción de una minoría radicalizada, que pretende que el área de Chumbivilcas sea declarada zona de influencia directa, pese a ubicarse a 200 kilómetros de la mina, y que exige contratos extorsivos para determinadas empresas. Entonces surge la pregunta ¿en qué momento las zonas mineras del Perú se convirtieron en zonas liberadas de la autoridad estatal en que minorías violentistas pretenden imponer sus decisiones al margen del Estado de Derecho?

El asunto es extremadamente grave. Sin embargo, el Estado sí parece existir cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pretende aumentar los impuestos a la minería (pese a que esta actividad ya soporta una carga tributaria del 47%) para financiar bonos y políticas populistas, no obstante que un incremento de impuestos le restaría competitividad al sector frente a otros países productores.

El Estado en el corredor minero del sur, en donde se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre nacional, es una imagen de todos los fracasos: ni siquiera es capaz de garantizar el tránsito de la producción del mineral de las compañías mineras más serias del planeta. Las Bambas, una inversión de más de US$ 10,000 millones, no cuenta con un ferrocarril para transportar el mineral al puerto y, como en el Viejo Oeste de los pistoleros, en cada curva del camino aparecen minorías radicalizadas exigiendo pagos caprichosos.

Aquí el único responsable es el Estado. La falta de autoridad, de vigencia de la Constitución y las leyes, ha posibilitado la proliferación de activistas radicales que asumen “la representación de las comunidades” y exigen contratos y recursos al margen del Estado de Derecho.

Se supone que Pedro Castillo triunfó electoralmente en la mayoría de zonas mineras. Debería entonces tener la posibilidad de promover un pacto entre las comunidades, la empresa y el Estado para garantizar la producción minera y lograr una mejor y eficiente distribución de la riqueza minera.

Si en la última década la minería transfirió más de S. 40,000 millones a los gobiernos regionales y locales, ¿en dónde están las carreteras, los colegios, las postas médicas y los sistemas de agua y desagüe en las áreas mineras? Nadie responde. No se oye padre, como se dice.

El Estado, pues, fracasa en todos los sentidos en los distritos mineros, sobre todo en el corredor vial del sur. Frente a la acción de minorías radicalizadas abdica de la autoridad del Estado democrático y se niega a hacer respetar la Constitución y las leyes. Igualmente, el Estado no garantiza una vía de transporte para que empresas de nivel mundial, y con los más altos estándares ambientales, transporten el mineral. Y, finalmente, ese mismo Estado no redistribuye la riqueza minera que pagan las empresas mediante impuestos.

Una demanda urgente de rectificación del Estado y del Gobierno, entonces, es la ¡declaratoria de emergencia del corredor vial del sur!