El derecho del pueblo a portar armas

Las repúblicas antiguas y modernas siempre fomentaron la participación ciudadana y el cultivo de las virtudes cívicas, como una manera de asegurar su continuidad. Sin ciudadanos comprometidos con sus sistemas políticos, tarde o temprano estos podían ser puestos en peligro por minorías. De allí que en los textos de Maquiavelo, por ejemplo, se hablara del deber de participar en las milicias armadas como una manera de proteger a la república.

Como parte de esas tradiciones republicanas, la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, protege el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Esa misma enmienda establece que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales de la unión americana pueden restringir el derecho a portar armas, más allá de que la Corte Suprema haya establecido que el mencionado derecho no es ilimitado.

Sin embargo, las corrientes socialistas y estatistas, que suelen considerar al Estado la fuente de todas las soluciones, han anulado estas tradiciones republicanas en muchos estados democráticos. En el caso de los países emergentes y latinoamericanos, existe una clara estrategia de las corrientes bolivarianas para anular cualquier posibilidad de la ciudadanía de portar armas.

¿A qué viene todo esto? Ha trascendido que en el Ejecutivo se está preparando un Decreto de Urgencia (DU) que, prácticamente, eliminaría el derecho de la ciudadanía a portar armas legalmente para ejercer la legítima defensa, mientras que la delincuencia se sigue expandiendo sin control alguno. Civiles desarmados y delincuentes cada vez más empoderados. 

Por ejemplo, nuestro columnista Dardo López Dolz, señala que el mencionado proyecto de DU “conculca inconstitucionalmente derechos de cazadores y tiradores deportivos (única disciplina deportiva en que Perú destaca reiteradamente), deja virtualmente sin trabajo a miles de vigilantes y resguardos, desprotege a los policías después de cumplir su servicio, y pone fuera de la ley a quienes –por vivir lejos de una delegación de SUCAMEC y no tener dinero ni auto propio– no han podido renovar sus licencias”. ¿Es posible que el Ejecutivo considere una norma de este tipo?

Asimismo, López Dolz señala que se anula la presunción de inocencia porque basta que alguien sea investigado por un delito doloso para que se niegue la obtención y renovación de licencias de armas. Asimismo, se aumenta la discrecionalidad de los funcionarios cuando se exige demostrar las razones por las que se exige una licencia

López Dolz añade que la “la licencia de uso solo permite la posesión del arma dentro de la residencia, sitio de trabajo o lugar que se pretenda proteger, quedando prohibido su porte o transporte a lugar distinto del autorizado”. ¿Acaso no estamos, en la práctica, anulando el derecho a portar armas legalmente?

El mencionado proyecto de DU se discute en el Ejecutivo en el preciso momento en que la delincuencia y la crisis de seguridad ciudadana se desbordan sin control del Estado, del Gobierno central y los gobiernos subnacionales. En el preciso momento, también, en que la crisis política e institucional del país deja desarmados a diversos sectores sociales, a enormes áreas de la sociedad, frente a grupos privados que ejercen violencia y atentan contra la propiedad privada, el cuerpo, la vida y la salud de los ciudadanos.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo debería reflexionar con más profundidad ante la posibilidad de publicar un DU que solo agravaría los problemas de seguridad ciudadana, empoderaría a la delincuencia y dejaría a los ciudadanas absolutamente desprotegidos.