El debate electoral que se busca

En medio de la devastación política, institucional, económica y social en que nos dejó la pasada administración Vizcarra, poco a poco el Perú comienza a acercarse al 11 de abril, fecha de la primera vuelta electoral. A pesar de la falta de contención de la pandemia, el colapso del sistema hospitalario y la carencia de vacunas, los millones de peruanos que pretendemos dejar atrás este momento oscuro de nuestra historia republicana debemos votar masivamente para garantizar el cambio de gobierno y la transición política constitucional.

Sin embargo, la cuestión del modelo económico y social comienza a ser relegada o postergada por diversas noticias o por otras estrategias electorales. De alguna manera, en los comicios del 2006, del 2011 y del 2016 –aunque en menor medida en el último– el choque de modelos económicos y sociales estuvo presente en el desarrollo de las segundas vueltas electorales. Es decir, no se puede negar que, en los últimos comicios nacionales, siempre estuvo presente la interrogante sobre si continuar o no con el modelo económico establecido en la Constitución.

Hoy, cuando por primera vez en dos décadas de democracia, la crisis política e institucional se entrecruza con la crisis económica (recesión, pérdida de empleo y aumento de pobreza), de una u otra manera las candidaturas colectivistas y antisistema vuelven a la carga con las propuestas de una asamblea constituyente para redactar un régimen económico anticapitalista que resucite el estado-empresario, y que restablezca la regulación de precios y mercados y el proteccionismo en el comercio internacional. En otras palabras, las mismas fórmulas que destruyeron al Perú y aumentaron la pobreza hasta por encima del 60% de la población en los ochenta, y que ahora explican la tragedia humanitaria en Venezuela. 

Por todas estas consideraciones, los candidatos de la centro derecha –que defienden el sistema republicano, la economía de mercado y el capitalismo– están en la urgente necesidad de convertir este asunto en un eje definitorio de la campaña electoral. Y la única manera de hacerlo es girando los temas del debate electoral hacia la disyuntiva de seguir o no con el modelo económico basado en la inversión privada, la desregulación de los mercados y el papel subsidiario del Estado frente a la iniciativa privada.

Es incuestionable que, en una campaña electoral, las denuncias sobre corrupción, las propuestas sobre cómo reducir el hambre y atender a los excluidos son tópicos centrales. Pero permanecer en esa línea de propuestas y debates sin conectarlos con la naturaleza del modelo económico, es ignorar la gran encrucijada de estas elecciones.

Casi estamos seguros de que muy pocos en el Perú pretenden reeditar el modelo chavista de Venezuela que, de alguna manera, se destila en los propuestas antisistema de Verónika Mendoza y Yonhy Lescano. Creemos que esta verdad evidente aflorará a la superficie si los candidatos de la centro derecha comenzaran a explicar la disyuntiva en la que se encuentra el Perú con respecto al modelo económico.

Sin embargo, defender el modelo económico de ninguna manera debe significar dejar de señalar y denunciar las fallas estructurales del mismo. Y uno de ellos, el principal, es la existencia de un Estado fallido que ha demostrado su inviabilidad en el manejo de la pandemia y la reactivación económica. En el Perú, todos los problemas, absolutamente todos, provienen del fracaso estatal, ya sea en la agroindustria, la minería, el turismo y la construcción, entre otros. A pesar de que el Estado, controlado por una burocracia colectivista que ha expropiado la voluntad popular, es la fuente de todas las tragedias nacionales, la izquierda comunista se da maña para argumentar que el fracaso del Estado es el fracaso del “modelo neoliberal”.

Por todas estas consideraciones, en estas elecciones el estado mercantilista, sobrerregulado, hinchado de clientelas y planillas, debe ser sentado en el banquillo de los acusados y sometido al juicio de los electores. No obstante que el sector privado financia el 80% de los ingresos fiscales, la burocracia colectivista suele demonizar a las mismas empresas que proveen los recursos para los 15 sueldos anuales de los privilegiados con sinecuras ideológicas. ¡A reaccionar!