El cuento de los “defensores de los derechos humanos”

Días atrás la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado exhortando al Perú a “cesar la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y garantizar un Poder Judicial que no se utilice como medio para silenciarlos”. Semejante nota fue enviada al Perú por la propia Naciones Unidas cuando la judicatura peruana ratificó sus sentencias en contra de algunos personajes que organizaron acciones violentas en contra los proyectos mineros Conga y Tía.

Según el relato de la funcionaria de la ONU, Mary Lawlor, es “preocupante que delitos como la extorsión o el entorpecimiento de los servicios públicos se utilicen para desacreditar a los defensores de los derechos humanos, especialmente si se oponen a los grandes proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente y las comunidades afectadas”. 

Honestamente, desde aquí no sabemos cómo tomar la nota de la ONU contra el Perú, sobre todo si los sentenciados Jaime de la Cruz, Jesús Cornejo (caso Tía María) y César Estrada (caso Conga), han sido hallados culpables por los delitos que se les ha imputado. Todos ellos violaron la Constitución y las leyes nacionales al ejercer violencia contra la propiedad pública y privada, e incluso pusieron en peligro la salud y la seguridad de otros compatriotas.

No es la primera vez que la ONU se inmiscuye a favor de quienes rompen y vulneran el estado de Derecho en el Perú. A principios del 2020, en el marco del conversatorio “Situación de los defensores de Derechos Humanos en el sur andino”, organizado por la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras –antiminera y radical– se hizo presente en la ciudad del Cusco Michel Forst, relator de la ONU. El conversatorio de aquel entonces tuvo como objetivo “promover y proteger los DD.HH. de los defensores de los derechos humanos”, así como “advertir sobre el trato que se les viene dando a las y los defensores de derechos humanos en contextos de protestas o manifestaciones, en temas como la defensa del medio ambiente”.

Repetimos, es increíble que organismos mundiales avalen las fábulas y narrativas que ha desarrollado el movimiento antiminero con el objetivo de liquidar las inversiones en minería, todas ellas escrupulosas de los más altos estándares ambientales. En aquel entonces, el relator Forst avaló con su presencia a dos actores radicales –Oscar Mollehuanca y Walter Aduviri– que han impulsado protestas y organizado la violencia contra el Estado de derecho. ¿El señor Michel Forst conoce el caso de Walter Aduviri, agitador social causante del “aymarazo” del 2011?

Ahora bien, en la ONU sabrán que, por ejemplo, los señores Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo no solo se opusieron a Tía María, sino que además integran el clan Los Ladrillos del Sur. ¿Qué sucede con las organizaciones internacionales que deberían defender el Estado de derecho en un país como el nuestro? En todo caso, ¿por qué la Cancillería no envía una nota de protesta? ¿Acaso en el Perú se utiliza el Poder Judicial como instrumento de venganza de “empresas explotadoras” en contra de los defensores de derechos? ¿Qué pasa?

Desde este portal nos imaginamos que los funcionarios de la ONU han sido sorprendidos por las oenegés de izquierda. Nos parece imposible que funcionarios de tanto nivel internacional se sumen a los objetivos de la izquierda oenegera y los sectores antimineros, que buscan paralizar las inversiones en minería, el crecimiento y la reducción de pobreza en nuestro país.