El Congreso no elige al TC y sigue grave deterioro institucional

Al cierre de esta edición se había suspendido la sesión del Congreso en que se debía elegir a seis integrantes del Tribunal Constitucional (TC), porque los primeros tres candidatos en el orden de méritos no alcanzaron el número de votos exigido.

De esta manera, todo indica que los seis magistrados de la corte constitucional, que ejercen sus funciones con los plazos vencidos por más de dos años y medio, seguirán en sus puestos. Y considerando que por la composición del nuevo Congreso, será extremadamente complicado alcanzar los 87 votos para elegir a un magistrado del TC, parece que los miembros actuales de la corte constitucional se convertirían en vitalicios, dependiendo del curso institucional del país.

Es una noticia extremadamente grave en medio del actual proceso de desinstitucionalización del país, en el que un juzgado constitucional acepta una acción de amparo para suspender la elección de los magistrados del TC, no obstante que se trata de una función exclusiva y excluyente del Congreso de la República, según la Constitución Política. Y si a estos hechos le sumamos los graves cuestionamientos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por su negativa a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales, las cosas se complican en extremo.

La designación de los nuevos miembros de la corte constitucional se ha convertido en el origen de todos los desencuentros institucionales y políticos de la República. Basta recordar que el expresidente Vizcarra disolvió inconstitucionalmente el Congreso arguyendo una supuesta “denegación fáctica” de la confianza al Gabinete, no obstante que la Constitución exige que la negación de confianza sea pública y expresa. El objetivo de esa disolución arbitraria fue detener la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional.

Considerando que la desinstitucionalización del país se aceleró por la disolución inconstitucional del Congreso es extremadamente grave que el actual Legislativo no haya procedido a elegir a los magistrados de la corte constitucional. El Perú se sumerge en una grave crisis institucional, política y social, en la que la guerra y la confrontación se han trasladado hacia el control de instituciones tutelares del sistema republicano. Si esta situación continúa, poco a poco la propuesta comunista de convocar a una asamblea constituyente comenzará a cobrar sentido en grandes sectores de la población.

Todos estos hechos, tan perjudiciales para la política y las instituciones, suceden cuando la economía del país está virtualmente paralizada, en tanto que los sectores medios siguen enviando sus pocos ahorros al exterior. Se calcula que más de US$ 15,000 millones han sido trasladados a depósitos al exterior, mientras el dólar sigue subiendo, las acciones de las empresas siguen descendiendo y el costo de la canasta básica se dispara. 

El Perú, que era el milagro económico entre los países emergentes, se ha convertido en un enorme signo de interrogación. Y crecen las sombras alrededor del crecimiento y el proceso de reducción de pobreza en nuestro país.

Ante esta suma de hechos negativos, solo resta seguir luchando para mantener las libertades políticas y económicas que permitieron a los peruanos desarrollar cuatro elecciones sin interrupciones, triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% hasta antes de la pandemia.

Un modelo de libertades políticas y económicas, que generó inclusión como nunca antes en la historia, hoy está en peligro de ser reemplazado por una visión colectivista, por una visión estatista. Y no obstante que el origen de todos nuestros males y exclusiones ha sido el fracaso del Estado en la distribución de la riqueza recaudada a través de los impuestos que paga el sector privado. ¡A reaccionar y a salvar las libertades!