¡El Congreso no debe relativizar el crecimiento!

Luchar contra la corrupción no significa parar el país

Esta semana se debe discutir, en la Comisión de Constitución del Congreso, el proyecto de Ley 1410 de la congresista Karina Beteta que busca incluir en los efectos del DU 003-2017 (entre ellos la imposibilidad de contratar con el Estado) a las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht y otras compañías brasileñas comprometidas en casos de corrupción. Los efectos del DU 003-2017 entonces alcanzarían a las empresas peruanas sin que exista una sentencia judicial firme o consentida o el reconocimiento de culpabilidad.

Considerando que la mayoría de empresas de la construcción en el Perú —las más grandes y con alta tecnología— subcontrataron con las transnacionales brasileñas, en la práctica todo el stock nacional de empresas peruanas de este rubro estaría impedida de contratar con el Estado. El problema de la iniciativa de Beteta no solo tiene que ver con los evidentes problemas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia, debido proceso y libertad contractual, sino que el alcance del proyecto es tan amplio que podría afectar a los fondos de inversión, AFP e inversionistas en Bolsa que, de una u otra manera, tienen relaciones con las mencionadas compañías. En otras palabras, tiene que ver con la marcha global de la economía peruana.

¿El Congreso entonces puede asumir una posición que relativiza el crecimiento por una supuesta lucha contra la corrupción para las tribunas? Creemos que no. El Perú apenas creció 2% el primer trimestre del 2017, mientras la inversión privada caía en alrededor de 6% y, sorprendentemente, la pública se desplomaba en 16%. El crecimiento del Perú se ralentiza en precisos momentos en que el entorno internacional no parece desfavorable. El frenazo fiscal que aplicó la administración pepekausa el año pasado, el caso Lava Jato y El Niño costero, comienzan a pasarle la factura a la economía peruana y, aunque algunos no quieran verbalizar el problema, si las cosas siguen así, el país se acerca inexorablemente al abismo de la recesión.

Bueno, pues, ¿qué significa este posible escenario económico para una sociedad que, en las elecciones del 2006, del 2011 y del 2016, enfrentó la amenaza antisistema? ¿Qué significa para las posibilidades electorales de las fuerzas promercado (entre ellas el fujimorismo) que, con un crecimiento de 2%, el Perú vuelva a aumentar pobreza luego de haber liderado en las últimas décadas la reducción de este flagelo social en la región? De allí la enorme importancia de no jugar para las tribunas con supuestas voluntades anticorrupción, relativizando la importancia del crecimiento.

Quizá para graficar cómo van las cosas en el Perú vale señalar que nuestro país es el único Estado que ha paralizado inversiones en infraestructura por casos de corrupción. Ningún otro lo ha hecho, porque cualquier élite política entiende la trascendencia del crecimiento económico y comprende que la lucha contra la corrupción y el necesario encarcelamiento de los corruptos de ninguna manera debe significar detener la expansión económica (como sí lo quiere la izquierda antisistema). Así sucede en Estados Unidos y en otros países donde se extendió la corrupción brasileña.

La mayoría legislativa entonces tiene una enorme responsabilidad con el crecimiento, no solo porque la primera generación de reformas económicas y sociales —que explica que el Perú haya sido campeón latinoamericano en reducción de pobreza en los últimos años— se desarrolló en los noventa, sino también porque el arraigo popular fujimorista y sus posibilidades electorales hacia el 2021 tienen que ver con la confrontación abierta contra las propuestas antisistema.

En ese contexto, el fujimorismo debería enviar una señal clara a los mercados y a los agentes económicos a través de la Comisión de Constitución que analizará la propuesta de Beteta: en el Perú se respeta la Carta Política, las leyes y no se relativiza el crecimiento, motivo por el cual se archiva la señalada iniciativa.