El capitalismo popular que vota contra el Estado

Los medios de comunicación y las encuestadoras no registraron la irrupción electoral del Frente Popular Agrícola (Frepap), de Daniel Urresti y Podemos, y de la Unión por el Perú, con las banderas etnocaceristas de Antauro Humala. Nadie vio el proceso y las estadísticas de las encuestadoras, al parecer, no alcanzaron el fenómeno.

La guerra política en que se sumió la experiencia republicana desde las elecciones del 2016, de una u otra manera, nos hizo olvidar que nuestro país –no obstante los avances económicos y sociales desde las reformas de los noventa, no obstante la reducción de pobreza del 60% de la población a 20%– sigue fracturado en una sociedad formal y otra informal. Nos hizo olvidar que solo un 30% de la sociedad tributa regularmente y que más del 70% de los trabajadores carecen de derechos y no pertenecen a sistemas previsionales o de salud. Nos hizo olvidar que, a pesar de la reducción de pobreza, el fracaso del Estado y de las élites crea un desigual sistema de oportunidades.

Si a este panorama social y económico le sumamos la guerra política, que terminó reduciendo las posibilidades de representación política del mundo informal (el fujimorismo, por ejemplo) y de una parte de movimientos formales de la política, no es exagerado sostener que la polarización no solo afectó la agenda constructiva, sino que también quebró los puentes existentes entre la política formal y la informal. En este escenario, pues, surgen el Frepap, el singular protagonismo de Urresti y la acción etnocacerista en el sur del Perú.

¿Acaso semejante escenario significa que los electores que votaron por estos movimientos se han pasado al antisistema? De ninguna manera. La gente que votó por el Frepap y el etnocacerismo se pronunció en contra del Estado, de sus élites; votó en contra de un orden estatal y legal que los aplasta, que crea murallas para acceder a la formalidad. Votar en contra del Estado que fracasa, que sobrerregula para favorecer a algunos, que empodera al burócrata y que solo se aparece para cobrar impuestos sin brindar servicios, de ninguna manera significa apoyar las propuestas colectivistas y estatistas del antisistema. 

Es imposible que el mundo emergente e informal apoye el colectivismo, porque la sociedad de estos sectores está conformada por mercados populares, por emprendimientos individuales, por una heroicidad de sobrevivencia personal. Lo que sucede es que este mundo está tan aplastado, tan bloqueado, por la legalidad que el Estado se ha convertido en su peor enemigo. De allí que, en determinado momento, surja el apoyo a movimientos que desarrollan las críticas más radicales al Estado.

Creer que el mundo popular puede mimetizarse con el colectivismo no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, si no existe una respuesta adecuada a las propuestas antisistema todo podría suceder en el país. Finalmente, a lo largo de la historia las revoluciones siempre se han hecho con los emprendedores y los emergentes excluidos.

Por todas estas consideraciones, la defensa de la Carta Política y del modelo económico social consagrado en el régimen económico constitucional no se puede hacer al margen de una propuesta de capitalismo popular que considere las banderas que levantan los mineros informales, los comerciantes de los mercados populares, los pequeños agricultores que buscan capitalizarse y, en general, de todos aquellos sectores que luchan diariamente con las sobrerregulaciones y procedimientos que establecen el gobierno central, el regionales y el local.

En otras palabras, defender el modelo con propuestas de reformas a favor del capitalismo popular puede tener una enorme rentabilidad política para los partidos o coaliciones que se lo propongan, luego de las elecciones del domingo. El capitalismo popular que vota en contra de los costos del TUPA del ministerio, en contra de las ordenanzas regional y local, que se pronuncia en contra de los excesos de la autoridad tributaria, que demanda seguridad estatal y servicios, paradójicamente, tiene las mismas demandas que las corporaciones del Perú formal.