El Bicentenario y el fracaso en la construcción republicana

Que una jueza supernumeraria se atreva a aceptar una acción de amparo que ordena al Congreso detener la elección de seis integrantes del Tribunal Constitucional (TC), no obstante que el Legislativo está ejerciendo una función exclusiva y excluyente, revela que en el Perú no existe el Estado de Derecho, y que las instituciones y la interpretación de la Constitución están sujetas a los humores de las mayorías circunstanciales. 

Que se intente judicializar a los líderes políticos que impulsan la elección de los magistrados del TC ejerciendo un mandato constitucional exclusivo y excluyente, revela el nivel de judicialización y envilecimiento al que ha llegado la política peruana.

Que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no obstante la grave polarización que enfrenta al país por los resultados de la segunda vuelta electoral y no obstante las décimas de punto que separan a Pedro Castillo de Keiko Fujimori, se niegue a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales, revela el nivel de instrumentalización a que se somete a las instituciones para favorecer a una determinada facción.

¿Qué significan esta suma de hechos a pocos días de conmemorarse el Bicentenario de la Independencia del Perú? Que el sueño de construir una república, luego de la independencia de la metrópoli, es un verdadero fracaso porque no hemos construido instituciones, prácticas ni tradiciones que fomenten la libertad y una cultura de diálogo. La guerra política e institucional en el Perú es total, a tal extremo que en nombre de la Constitución un magistrado provisional pretende convertir al Congreso –elegido en sufragio– en una mesa de partes del Poder Judicial.

El faccionalismo, la guerra política y la voluntad de excluir al adversario, no es patrimonio de esta segunda década del segundo milenio. De ninguna manera. Luego de la Independencia se sucedió medio siglo de caudillos militares, faccionalismo y guerras civiles, todos invocando a la nación y el sueño republicano. Es recién en 1872 en que se elige el primer gobierno civil con Manuel Pardo y el Partido Civil.

Más allá de la experiencia de la llamada República Aristocrática (1895-1919), el siglo XX también se caracterizó por el faccionalismo, las guerras civiles y una volatilidad que nos llevaba a una década democrática seguida de otra de militarismo y cuartelazos. De otro lado, en cuanto a las instituciones económicas y los sistemas de propiedad, igualmente la idea de propiedad y contratos también se subordinó al humor efímero de una mayoría desatada. Antes del velascato la propiedad tenía un concepto y una legalidad, durante la dictadura militar otra y luego de la Constitución de 1993, se consagró el respeto a la propiedad privada, los contratos y el papel subsidiario de la propiedad estatal.

Semejante volatilidad institucional, semejante faccionalismo, explican que el Perú haya tenido 12 constituciones y diversos estatutos, y también nuestra condición de país no desarrollado (hasta hoy una sociedad de ingreso medio) y el hecho de que no hayamos alcanzado la prosperidad de las sociedades occidentales. Las sociedades desarrolladas, por el contrario, siempre han tendido a tener una o pocas constituciones.

Cuando creíamos que las cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones y el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, desarrollados en las últimas dos décadas –bajo el imperio de la Constitución de 1993–, nos había alejado del faccionalismo y la guerra política sin cuartel, el cierre inconstitucional del Congreso y el amparo de un juez provisional que pretende convertir al Congreso en una oficina más del Estado, nos recuerda que desde la Independencia nada ha cambiado y que el fracaso en la construcción republicana es incuestionable. Si hay dudas, allí está la propuesta de una asamblea constituyente.

¿Qué hacer ante esta tragedia en el Bicentenario? Lo primero es entender que la reconstrucción del país será larga, demandará décadas. Por lo tanto, en la lucha para preservar la libertad en el corto plazo nadie debe ignorar el mediano y largo plazo. 

Lo segundo es entender que debemos ir a las raíces del problema de nuestra tragedia política: el “jacobinismo racionalista”, que cree que puede organizar una sociedad al margen de las instituciones existentes, de su historia y de sus tradiciones. Por ejemplo, cuando Bolívar llegó al Perú eliminó las noblezas indígenas en nombre de “la igualdad de los ciudadanos”. Con el fin de los curacas del virreinato, la República naciente se convirtió en la peor enemiga del mundo indígena, aplastó a las sociedades indígenas de tal manera que el republicanismo no puede desligarse de la vergüenza histórica.

Con la Independencia se arrasaron todas las instituciones, y ni liberales ni conservadores tuvieron instituciones que defender, reformar o cambiar. La república naciente fue un páramo institucional.

Hoy parece suceder lo mismo. Los jóvenes van a la obra –siguiendo la disolvente diatriba de Manuel González Prada– derribando constituciones, historias, sistemas de propiedad e instituciones del mundo emergente, porque creen que son “los refundadores de la patria”, “los jóvenes constructores del futuro”, tal como sucedió con la barbarie de la revolución francesa y la revolución cultural china.

A los defensores de la libertad solo les resta continuar y persistir, pero entendiendo que sin reforma cultural, ideológica y filosófica, el Perú será una Cuba más. Y estas reflexiones valen al margen de las victorias electorales de estos días y los votos fallidos en el Congreso.