El autoritarismo agazapado

Sobre los recientes rumores de golpe y la crisis de inseguridad

Los rumores tercermundistas de una posible interrupción democrática, desatados luego de que la policía encontrara 51 granadas de guerra en una vivienda y se decretara la inamovilidad en los cuarteles del Ejército, pueden tener varias lecturas, pero es evidente que desnudan la profundidad de la crisis de seguridad ciudadana en el Perú.

El economista Juan Carlos Mathews, citando un informe de Naciones Unidas, en una entrevista con El Montonero, revela que si se controlara el desborde criminal se recuperaría 0.5% del PBI, que representa entre US$ 15,OOO millones y US$ 25,OOO millones, es decir, el total de lo que el país exportará el 2015 en minerales. Si las cosas son así es evidente que la democracia y la gobernabilidad están en problemas.

Si bien los rumores de una posible interrupción institucional están vinculados a los juegos de algunos rasputines aldeanos, que  pretenden decirnos que si algunas investigaciones continúan entonces todo se desmadra, también es verdad que el horizonte autoritario adquiere cierta legitimidad con el incremento de la ola delictiva. De allí que candidatos como Alejandro Toledo y César Acuña hayan propuesto fórmulas bolivarianas para la crisis de seguridad: que el Ejército patrulle las calles, no obstante que el combate eficaz al delito en democracia solo es posible con una masiva participación ciudadana, con un movimiento de abajo hacia arriba que involucre a los gobiernos locales y regionales, al gobierno central, a la Contraloría, al Ministerio Público y al Poder Judicial.

El otro combustible del autoritarismo es la anarquía, que se expresa en la también campaña populista “Chapa tu choro”. Semejante propuesta desencadenaría una espiral de violencia que se tragaría la debilitada institucionalidad que hoy nos deja el nacionalismo. El chapa tu choro llevaría a que los barrios asuman represalias contra un delincuente de otra zona diferente y, de pronto, vecindario contra vecindario, cuadra contra cuadra, distrito contra distrito, así hasta derribar los pocos restos que nos quedan de autoridad estatal y de monopolio de la violencia. En ese contexto, la demanda de una salida autoritaria se convertiría en un clamor popular.

La idea de estado está asociada al monopolio de la fuerza, a la capacidad de ejecutar la ley. No hay democracia ni libertad sin estado, es decir, sin monopolio de la violencia. Es el viejo aserto del contrato social en el que los ciudadanos ceden parte de su soberanía a cambio de seguridad y protección de la autoridad bajo el imperio de la ley.

De alguna manera los demócratas del país están abandonando su deber de formular propuestas y de ensayar alternativas alrededor del tema. El argumento de que el gobierno es el responsable ya no es suficiente, porque la mal llamada pareja presidencial hoy parece inimputable, alienada de la realidad, de modo que si el Ejecutivo falla es deber del Congreso, de la oposición en general, asumir el liderazgo.

Soñar a veces es lo único que resta. Y no está mal pensar en que los políticos, el oficialismo y la oposición, de súbito, perciben la gravedad de la crisis de seguridad ciudadana, arrían banderas, e impulsan un acuerdo nacional para salvar al país de esta tendencia disgregadora que comienza a cuestionar a la propia democracia y ya tiene mucho que ver con el frenazo económico.