Se ha vuelto un lugar común denostar del actual Congres...
Luego del golpe fallido de Pedro Castillo, cada cierto tiempo en el Perú se reaviva la propuesta de adelantar las elecciones como alternativa de solución de la crisis. Y las propuestas no solo vienen de los seguidores de Castillo y del eje bolivariano, sino también de la centro izquierda, de la derecha y de otros sectores. El razonamiento para el adelanto electoral se fundamenta en los niveles de desaprobación en las encuestas del Ejecutivo y del Congreso, y también en la recesión económica que se desató luego del gobierno de Castillo.
Sobre la contracción económica vale señalar que, luego de un año y medio de gobierno del eje bolivariano en contra de la Constitución, promoviendo la nacionalización de los recursos naturales, era inevitable la caída de la inversión privada durante los dos últimos dos años. En la medida que la inversión privada representa el 80% del total de lo invertido en el país, el fenómeno de El Niño y la violencia del año pasado inevitablemente iban a sumir al país en recesión.
La recesión y la situación de la economía tienen una explicación, y lo más probable es que exista un rebote económico en el 2024, algo que nunca será suficiente para volver a reducir la pobreza. Sin embargo, el argumento de la desaprobación en las encuestas del Ejecutivo y del Congreso y la evidente crisis de gobernabilidad que proviene de la recesión y del desborde la ola criminal en las ciudades, en las regiones, los mercados populares y los diversos sectores económicos, incuestionablemente erosionan los escasos niveles de legitimidad del Gobierno y las instituciones, y alientan una salida de adelanto electoral.
No obstante, si el Perú se embarcara en un adelanto de elecciones caería en la trampa institucional y política que se inició luego de las elecciones del 2016, se materializó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia, se agravó con el golpe de Estado de Martín Vizcarra y el cierre inconstitucional del Congreso, continuó con el golpe de masas contra el gobierno constitucional de Manuel Merino y desembocó en el golpe fallido de Castillo y del eje bolivariano.
La guerra institucional y política que encumbró a Castillo en el poder tiene que terminar y abrirse un periodo de reflexión y de pausa, de cumplimiento institucional de los plazos establecidos en la Constitución para concretar las elecciones nacionales del 2026. Es la única manera de garantizar un mínimo de predictibilidad política e institucional que vuelva a convocar la confianza de la inversión privada y la reactivación económica. No hay otro camino. Adelantar las elecciones es escenificar otro capítulo de la turbulencia institucional que encumbró a Castillo.
Por otro lado, el Ejecutivo tiene la obligación de lanzar un shock de confianza político, ya sea a través de un cambio total o parcial del Gabinete. El Perú necesita un Consejo de Ministros que no solo sobreviva a la inestabilidad, sino que convoque a amplios sectores de la sociedad. Se necesita, pues, ministros claramente comprometidos con la inversión privada y la reactivación, que propongan la derogatoria de todos los decretos y normas aprobadas por el progresismo y durante el gobierno de Castillo. Asimismo, el Gobierno necesita enviar señales claras acerca de que está enfrentando la ola criminal que afecta a todos los sectores de la sociedad
Si el Ejecutivo no hace algo, la crisis de legitimidad se agravará y las tendencias a favor del adelanto de elecciones se reforzarán. Sin embargo, no solo se trata de salvar la cara y enfrentar los problemas en la superficie, sino de desarrollar reformas que empiecen a edificar un nuevo país. Desde la reforma política (bicameralidad, derogatoria de prohibición de la reelección parlamentaria), pasando por las reformas tributaria, laboral, de educación y de salud, hasta la solución de todos los retrasos acumulados en las infraestructuras.
En cualquier caso, vale resaltar que durante el gobierno de Castillo la Constitución fue sometida a las peores pruebas a que se somete un texto constitucional, y nuestra Carta Política prevaleció. Garantizar el cronograma electoral hacia el 2026 es una manera de preservar ese gran logro.
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