¿Ejecutivo se pone de lado de antimineros?

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sigue sorprendiendo a tirios y troyanos. Ya lo hizo cuando emitió una resolución ministerial que aprobaba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Es decir, le otorgaba estatus especial a todas las ONG que defienden los DD.HH. de manera sesgada, a favor del terrorismo y los movimientos antimineros y en detrimento del ejercicio de la autoridad democrática. Ahora sorprende con extraños y censurables compromisos en Las Bambas, cuestionando la vigencia de la Constitución, las leyes y el ejercicio de la autoridad.

La comisión multisectorial —integrada por ministros y funcionarios del Ejecutivo— “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau, departamento de Apurímac” se reunió la semana pasada, liderada por el ministro Zeballos. ¿Saben a qué se comprometió el titular de Justicia frente a 180 representantes de las comunidades? El Ejecutivo, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentará ante la Corte Suprema un pedido para evaluar las consecuencias de la protesta social para que los jueces establezcan estándares y criterios para evaluar adecuadamente los conflictos sociales. ¿Acaso se les pide a los jueces que apliquen la Constitución y las leyes con criterios políticos, sociológicos o de cualquier otra disciplina? ¿Acaso no es una manera de presionar a los magistrados con la cantaleta de “la criminalización de la protesta” que han promovido IDL y todas las ONG marxistas? ¿No se da cuenta el ministro Zeballos que está empoderando a todos los movimientos antimineros que han utilizado la violencia para bloquear inversiones como Conga, por ejemplo?

El segundo punto del acuerdo al que se allanó Zeballos en Las Bambas también apunta en ese sentido. La Defensa Pública del Estado se compromete a solicitar a la Fiscalía de la Nación y a las oficinas de control interno del Ministerio Público que evalúe el desempeño de los fiscales de Cotabambas. ¿Qué está sucediendo en el Perú? ¿Acaso se ha instalado un gobierno que pretende empoderar “la protesta social” y desproteger a la policía y a las empresas que financian el 80% de los ingresos nacionales?

En este portal no estamos exigiendo mano dura y represión. Nada más alejado de nuestra visión. Pero es evidente que los conflictos sociales en las zonas mineras, sobre todo en el llamado Corredor Minero del Sur —en donde se produce más del 50% del cobre nacional— solo se explica por el fracaso en la redistribución de la renta minera que el Estado recolecta a través de los impuestos. El gobierno central y los gobiernos regionales y locales son incapaces de transformar la renta minera en carreteras, escuelas, postas e infraestructuras de servicios.

En ese contexto se crea un enorme descontento social, porque se trata de zonas excluidas y muy pobres. Y es entonces que aparece el radical antiminero —con agenda anticapitalista o simple extorsionador— que, en vez de promover acuerdos entre las comunidades y las empresas para emplazar al Estado a cumplir sus responsabilidades, busca demonizar a las mineras como las responsables de las injusticias.

Los sectores antimineros, para avanzar en sus estrategias, necesitan echar mano de la violencia: bloqueo de carreteras y violación de la propiedad pública y privada. Es allí en donde aparecen las ONG marxistas con los relatos de “la criminalización de la protesta” y “el uso desproporcionado de la fuerza”. Los policías, los fiscales y los jueces se inhiben de aplicar la ley debido a las campañas mediáticas de estos sectores. Y ahora el ministro Zeballos no solo aprueba un protocolo especial para las ONG marxistas, sino que presiona a jueces y fiscales para que no se pasen en la aplicación de la Constitución y la ley contra los violentistas. ¡Increíble!