¡Ejecutivo pretende ahorcar a empresas y ciudadanos para repartir bonos!

Esta semana se cumple el plazo para que el Congreso otorgue facultades legislativas para una eventual reforma tributaria solicitada por el Ejecutivo. Según el Gobierno, se trata de incrementar la recaudación tributaria para destinar los recursos a educación, salud y otros programas sociales. Sin embargo, por todos es sabido que el Estado (a nivel de los gobiernos central, regionales y locales) solo gasta el 70% de lo presupuestado para inversiones. ¿Para qué entonces se solicitan más recursos? 

Por otro lado, según diversos economistas, considerando el incremento de los precios de los minerales –sobre todo el del cobre–, el pago adelantado de obligaciones de algunas empresas mineras –pese a que estas se encuentran en litigios- y el endeudamiento público de más de US$, 4000 millones, el Gobierno central contará con recursos adicionales que sobrepasarán los US$ 8,500 millones. Nuevamente surge la interrogante, ¿para qué entonces más recursos? ¿Por qué el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) insiste en un paquete que enterrará las posibilidades de crecimiento de la inversión privada?

La respuesta es una sola: el Ejecutivo y las diferentes facciones de izquierda dentro del Gobierno necesitan reventar la caja fiscal para repartir bonos y engrosar las políticas populistas. El objetivo de los sectores comunistas y colectivistas es ganar las elecciones de los gobiernos regionales para facilitar la estrategia de instalación de una asamblea constituyente en el Perú. En ese camino, la economía no interesa nada.

Cuando todas las proyecciones señalan que la inversión privada se desplomará en dos dígitos el 2022 y la economía se expandirá por debajo del 3%, proponer incrementar impuestos al 30% de la sociedad que tributa es detonar una bomba nuclear contra la reactivación económica y, de otro lado, aumentar informalidad nacional. O, para decirlo con más simpleza, es algo así como ahorcar a los ciudadanos y empresas para facilitar la estrategia de bonos del MEF.

Lo más grave de todo es que se pretende restar competitividad a la minería. Es decir, asesinar a la gallina de los huevos de oro del Perú. El proyecto del MEF pretende aumentar impuestos a la minería, no obstante que este sector soporta una carga tributaria de más del 47%, más alta que los tributos que pagan las empresas en Australia, Canadá y Chile, países con los que el Perú compite en captar nuevas inversiones.

Considerando los anuncios de la asamblea constituyente, la nacionalización del gas y de los recursos naturales, y el cierre unilateral y arbitrario de cuatro minas en Ayacucho –luego el Ejecutivo reculó– es evidente que en el 2022 el Perú no tendrá nuevas inversiones mineras, no obstante los récords históricos que alcanzan los precios de los minerales. Aumentar impuestos a la minería, entonces, sería confirmar que el Ejecutivo no quiere ninguna nueva inversión minera.

En cualquier caso, otorgar facultades legislativas a un Ejecutivo con semejante orientación sería producir la primera reforma estatista al modelo económico que ha posibilitado triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% a solo 20% antes de la pandemia. Hasta hoy el Ejecutivo no ha podido tocar el modelo. ¿Podrá hacerlo esta vez? 

Si el Congreso otorga facultades al Ejecutivo en el tema deberá asumir la responsabilidad del descalabro económico que se dibuja.Hoy más que nunca la sociedad debe permanecer alerta para rechazar la posibilidad de que el Congreso otorgue estas facultades. Si el Ejecutivo quiere reformar el sistema de tributos debe enviar proyectos individuales que originen un debate nacional al respecto. Es hora de recordar el clásico criterio de “no taxation without representation”, que animó la gran revolución libertaria de los Estados Unidos.