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Observa proyecto de ley que prohíbe uso de leche en polvo importada
El Ejecutivo acaba de observar el proyecto de ley que prohíbe el uso de leche en polvo importada en la elaboración de productos lácteos. Entre los principales argumentos del gobierno para la observación está el señalamiento de que semejante prohibición violenta los acuerdos multilaterales y bilaterales que ha asumido en el Perú en cuanto al comercio internacional. Como se sabe, nuestro país es firmante de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que prohíben expresamente las restricciones para la importación de productos entre los países firmantes. Según este acuerdo multilateral cualquier estado integrante de la OMC podría denunciar al Perú por incumplir el tratado.
El Ejecutivo, pues, está defendiendo una de las vigas maestras del modelo económico que ha imperado en los últimos 25 años y que nos ha posibilitado reducir la pobreza a solo un quinto de la población, ensanchar a las clases medias y consolidar la democracia. El modelo económico vigente sería inimaginable sin los más de 17 tratados de libre comercio que ha firmado el país y sin la posibilidad de diversificar nuestra economía mediante estrategias exportadoras sostenibles. Pero no solo se trata de preservar el modelo económico, sino de respetar el régimen económico establecido en la Carta Política que también prohíbe expresamente diferenciar productos y nacionales y extranjeros.
El proyecto que prohíbe usar leche importada en la elaboración de productos lácteos, además, es una verdadera amenaza para los consumidores. En la medida que solo el 70% de la demanda nacional es atendida por los productores nacionales, se requiere importar el 30% restante. Con la mencionada prohibición es evidente que los precios se dispararían, golpeando los bolsillos de los consumidores.
Pero eso no es todo. Del total de la producción nacional de leche, el 50% es comprado por las gigantes Nestlé, Gloria y Laive, y la otra mitad por más de 200 pymes que producen lácteos en Cajamarca, Huancayo, Puno y otras regiones. La subida del precio de la leche golpearía directamente a estas pequeñas unidades productivas.
Las desgracias acumuladas por la prohibición mercantilista que solo busca favorecer a un grupo de ganaderos nacionales no quedan allí. Ante la trepada de los precios de la leche y los productos lácteos, las compañías de Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, por ejemplo, invadirían el mercado con diferentes líneas de productos y, de una u otra manera, se dinamitaría las ventajas y la competitividad que ha alcanzado la industria láctea peruana, que le ha posibilitado incursionar en alrededor de sesenta países. ¿Cómo detener esa potencial avalancha de productos extranjeros? La única posibilidad sería cambiar el modelo económico y optar por las recetas proteccionistas del chavismo. ¿Alguien quiere algo así?
Cualquiera sea el ángulo de análisis no existe un solo argumento atendible a favor de la mencionada prohibición, excepto el de favorecer a un grupo mercantil de ganaderos que ha logrado hacer pasar una ley en el Congreso. Es más, quienes argumentan a favor de la mencionada ley suelen señalar la necesidad promover la ganadería nacional, pero se niegan a reconocer que, entre los años 2000 y 2015, la producción de leche fresca ha crecido en más de 100%, a una tasa anual de 6.7%. Y olvidan, además, que el Perú tienen una de las industrias lácteas más competitivas del planeta, lo que le posibilita, por ejemplo, comprar el litro de leche fresca a precios más altos que en la mayoría de países de América del Sur.
¿Cómo se puede entender, entonces, la aprobación de una ley que afectaría a los consumidores —sobre todo a los más pobres—, que empujaría a la quiebra a más de 200 pymes de lácteos y golpearía severamente a la industria láctea del Perú?
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