Las bancadas de la centro derecha –entre ellas Fuerza Po...
En su reciente discurso ante el Congreso con el propósito de obtener el voto de confianza a su gabinete, la primera ministra Mirtha Vásquez sostuvo que una de las políticas prioritarias del Gobierno de izquierda, será la “actualización” de los estándares ambientales y los límites máximos permisibles para los sectores extractivos, sobre todo para la industria, la minería e hidrocarburos. ¿Qué quiso decir la señora Vásquez sobre “actualizar” los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos permisibles (LMP)? Exactamente no lo sabemos.
No obstante, si el gobierno de izquierda del presidente Castillo pretende –como “política prioritaria”– modificar los actuales estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, tanto del agua como del aire y tierra, entonces le estaría colocando una horca a la minería moderna, al sector hidrocarburos y a la industria nacional. Y todos estos sectores cumplen, de manera estricta, todas las normativas ambientales, sociales y laborales elaboradas hasta el momento.
Cabe recordar que en el 2017, desde el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente se sinceraron los estándares de calidad ambiental, que hasta ese año no estaban acordes a la realidad nacional e internacional. Durante el humalismo, cuando la denominada izquierda progresista estableció medidas absolutamente absurdas a la industria, la minería y los hidrocarburos, el Ministerio del Ambiente impuso una norma que fijaba que el ECA-Aire para el dióxido de azufre debe ser de 20 ug/m3/día. Con la actualización de 2017 se permitía la presencia de 250 microgramos cúbicos al día (ug/m3/día) de dióxido de azufre en el aire; una cifra semejante a las de países con una industria minera y metalmecánica potente, como Chile, Canadá o Australia.
Ahora bien, con respecto a una posible modificatoria de los límites máximos permisible (que no son otra cosa que los niveles de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en los efluentes o emisiones que se vierten o liberan al ambiente) vale recalcar que el Perú, a pesar de los cambios del 2017, todavía mantiene una de las exigencias más rígidas del planeta. Hoy el límite máximo permisible de arsénico en el Perú es de 0.1 microgramo por litro (mg/l), en tanto que en Chile y Canadá es de 0.5 mg/l en aguas fluviales, y en Estados Unidos es de hasta 1 mg/l. Si se pretende “actualizar”, como lo indica la primera ministra, será para colocarnos bajo los mismos parámetros que Chile o Canadá.
En todo caso, si el Gobierno desarrolla una agresiva modificatoria de estos estándares ambientales y de los límites máximos permisibles estaría desincentivando a la industria, a la minería y al sector hidrocarburos, porque ello supondría un cambio en el sistema de producción de dichas empresas que puede representar, según algunos especialista, un sobrecosto de más de US$1000 millones.
La primera ministra también ha dicho que la administración Castillo pedirá facultades al Congreso para legislar en materia tributaria y realizar cambios “progresivos” en la tributación minera. Mayor tributación y modificatoria de los estándares ambientales significaría un torpedo para una industria que sigue siendo el pan del Perú, genera empleo y es un motor antipobreza. Si a ello le agregamos la conflictividad social que ha puesto en jaque el corredor minero, entonces el panorama es sombrío para la minería moderna y el sector industrial.
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