Dos tácticas de los republicanos

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, anunció con firmeza ejemplar que estaba convocado a un pleno del organismo que preside para evaluar la acción competencial sobre la disolución del Congreso —que presentó el presidente del Congreso, Pedro Olaechea— y también considerar la posible incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos, elegido como miembro del TC antes de la disolución del Legislativo. Los dos anuncios de Blume modificaron la situación política, sobre todo considerando que el presidente del TC ha señalado que todas las instituciones están sometidas a control constitucional.

Las especulaciones se multiplicaron alrededor de dos posibilidades: el TC finalmente convalida la inconstitucional disolución del Congreso, basada en una interpretación antojadiza de “la cuestión de confianza”, o restaura el equilibrio de poderes interrumpido por la administración de facto de Martín Vizcarra. Veremos.

En este contexto no se puede desconocer que la oposición republicana a la disolución inconstitucional del Congreso sigue creciendo. Impresiona sobre manera la cantidad de constitucionalistas, ciudadanos, políticos y periodistas que antes miraban con cierta distancia los hechos y que hoy asumen una actitud de denuncia clara frente a la inconstitucionalidad de la disolución del Legislativo. Como todos sabemos, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, presentó una acción competencial ante el TC para que este organismo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, defina si la disolución del Congreso se efectuó en el marco constitucional. En el acto, Martín Vizcarra acusó a Olaechea de usurpación de funciones, y los funcionarios de la administración de facto procedieron a denunciar penalmente al titular del Legislativo.

Este escenario que describimos es el de la lucha institucional y jurídica. Tiene que ver con la denuncia de un acto inconstitucional y con el objetivo de revertir la disolución del Legislativo. De alguna manera este proceso está respaldado por el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, por el reciente pronunciamiento de la Comisión de Venecia y por el casi unánime respaldo del mundo académico del derecho. Se trata de un campo de batalla en el que la oposición republicana debe continuar hasta el final. 

Sin embargo, el análisis de los hechos nos indica que la administración de facto de Martín Vizcarra detenta el poder político, económico y coercitivo del Estado, además de contar con el respaldo de la mayoría de la población. Sobre esta realidad, la convocatoria a elecciones generales del 2020 es un proceso que puede desarrollarse al margen de cualquier voluntad. Negar esa situación es ignorar la realidad. Por ese motivo, los partidos, los movimientos, los intelectuales, los periodistas y los mejores hombres que defienden a la República tienen la obligación de convertirse en actores fundamentales de este proceso electoral, que instalará un Congreso en el que los sectores comunistas y colectivistas (que buscan convertir el próximo Congreso en una asamblea constituyente para “refundar” la república), se enfrentarán abiertamente con los sectores republicanos, conservadores y liberales, que buscan preservar el espíritu general de la Carta Política de 1993.

Es incuestionable que la administración Vizcarra busca superar su situación de facto con las elecciones de enero. Es decir, que pretende "constitucionalizarse". Si las cosas avanzan en ese sentido, es obligación total de los republicanos evitar que esa constitucionalización se produzca bajo el influjo chavista, comunista y colectivista. Las corrientes republicanas deben apuntar a preservar las libertades políticas y económicas que han posibilitado que el Perú construya el mejor momento económico y social de toda su historia republicana: reducción de pobreza del 60% de la población a solo 20%, y la integración de la sociedad criolla con las inmensas mayorías andinas (antes separadas por una infranqueable cordillera económica y social), a través del impresionante desarrollo de la economía de mercado, ya sea en el mundo formal o informal. 

En ese sentido, todos los candidatos presidenciales de las fuerzas republicanas deberían liderar las listas de sus respectivos partidos. Los periodistas de mayor trayectoria acumulada también deberían hacer lo mismo, e incluso, los intelectuales, porque el Congreso del 2020, por esas paradojas de la historia, se ha convertido en el evento más importante del actual proceso político en el país. De esa asamblea podría depender si recuperamos el equilibrio de poderes y continuamos el camino republicano y la economía libre, que nos han permitido este momento; o si los sectores colectivistas y comunistas se declaran en proceso constituyente, derogan las libertades políticas y económicas establecidas en la Constitución de 1993, e instalan una larga noche negra bolivariana que seguramente durará décadas, como suele suceder en América Latina. 

No se equivoca el jerarca bolivariano cuando señala que hay una brisita bolivariana en Ecuador y Perú. Sin embargo, estamos casi seguros de que esa brisita va a generar un huracán demoledor de respuesta de los mercados formales e informales del país, que son absolutamente incompatibles y contrapuestos a cualquier brisita o proyecto comunista o colectivista.