Doble moral de los antimineros

Boicotean las inversiones mineras, pero reclaman más canon minero

El alcalde provincial de Celendín, Jorge Luis Urquía, ha oficiado hace unos días de portavoz de un grupo de burgomaestres que está organizando una movilización en Lima para exigir que el gobierno les incremente las partidas presupuestales provenientes del canon minero. No habría de qué sorprenderse sino fuera porque el alcalde Urquía es a la vez un furibundo activista antiminero.

Urquía ha soliviantado a los ciudadanos de su provincia con campañas alarmistas para impedir que se concrete el proyecto minero Conga y ahora pretende que el Estado le aumente los fondos del canon minero para que él pueda hacer una gestión municipal aceptable. ¿De dónde podría darle más dinero el gobierno nacional si la minería, que es la que proporciona los recursos del canon, está paralizada en Cajamarca por obra de los radicales como el señor Urquía?

Es evidente que el alcalde de Celendín está montando una jugada política para culpar al gobierno central del fracaso inminente de su gestión municipal, que será consecuencia de su propia irresponsabilidad política. Si su provincia tiene hoy menos ingresos para ejecutar obras de desarrollo y brindar servicios básicos eficientes, es porque él y sus camaradas han matado a la gallina de los huevos de oro: la minería.

En el caso del señor Jorge Urquía existe el agravante de que le ha declarado la guerra a las inversiones mineras no solo en Cajamarca sino en todo el país. Viajó hasta la provincia arequipeña de Islay, para sumarse a las protestas contra del proyecto Tía María.

El caso del alcalde celendino pone de manifiesto la doble moral de ciertos antimineros que se oponen con todo a la minería, pero al mismo tiempo no tienen el menor reparo en recibir el canon minero generado por otras regiones, para sacarle provecho político como autoridades locales. Vaya “principios” los suyos.

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, este año las transferencias presupuestales por canon minero sumarán S/1,709 millones, es decir S/1,270 millones menos que el año pasado, cuando esas transferencias alcanzaron los S/.2,979 millones.

En el 2014 las regiones Cajamarca y Arequipa, por ejemplo, recibieron S/.379 millones cada una, pero este año la primera recibirá S/.169 millones y la segunda S/.267 millones. La diferencia se explica por la paralización de casi todos los nuevos proyectos mineros en Cajamarca.

La caída del canon está generando además un conflicto con los gobiernos municipales que se expresa en la movilización convocada para el 26 de agosto por la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), para exigirle al gobierno que incremente las transferencias del Canon Minero, a la que se ha sumado Jorge Urquía y seguramente se sumarán también otros alcaldes radicales.

Los gobiernos regionales y municipales se sienten presionados porque sus presupuestos se han reducido y sus electores les reclaman que hagan obras. En la municipalidad provincial de Cajamarca, sus ingresos por canon han caído más de 50%.

La gobernadora de Arequipa les está exigiendo a las mineras de su región un “aporte voluntario” para financiar obras públicas o de lo contrario serán declaradas “empresas que no colaboran con el desarrollo de Arequipa” y sus nombres serán publicados como tales.

En cualquier caso, lo que estamos presenciando es un empobrecimiento de las regiones como consecuencia de la mala política del gobierno en materia de inversiones mineras. Y la salida a esta situación sería reactivar las inversiones frenadas, para dinamizar las economías regionales y reanimar las cadenas productivas mineras que generan empleo y que hoy también están detenidas.