¡Devastador! ¡Castillo persiste en la constituyente!

El Congreso aprobó por insistencia la ley que establece que la reforma parcial o total de la Constitución debe ser aprobada previamente por el Congreso, tal como lo establece la Carta Política, antes de un referendo. En otras palabras, la posibilidad de convocar una asamblea constituyente como estrategia de asalto al poder de parte de una minoría ya no existe en el Perú. El Congreso se pronunciará previamente, como sucede en cualquier sistema republicano que ha sobrevivido en el tiempo.

Sin embargo, en el Ejecutivo –que había observado la autógrafa– se dejó en claro que ellos presentarán una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y se argumentó que la decisión del Congreso “vulnera el derecho de participación política, reconocido en el artículo 31 de la Constitución y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Asimismo, se sostuvo que la norma del Legislativo vulnera el balance de poderes y que el referéndum “es la expresión máxima del principio democrático, pues, constituye un pronunciamiento del pueblo, que es titular del poder constituyente…”.

La argumentación planteada establece con absoluta claridad que el Ejecutivo sigue promoviendo la constituyente, no obstante que ha sido el principal factor de destrucción nacional en los últimos cinco meses: ha producido un frenazo de la economía luego de tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza ininterrumpidos. Pero lo más grave, a nuestro entender, es que no se trata de una argumentación republicana o democrática, sino que desnuda la ideología totalitaria de los integrantes del Gobierno. 

No vamos a replicar las falacias acerca de que la Constitución permite un referendo para convocar a una constituyente al margen del Congreso. Algo así no se establece en el artículo 31; por otro lado, el artículo 206 de la Constitución graba en piedra el principio acerca de que no se reforma la Constitución sin pasar previamente por el Congreso.

Nos interesa profundizar el principio totalitario, de naturaleza bolchevique y fascista, acerca de que el referéndum “es la expresión máxima del principio democrático, pues, constituye un pronunciamiento del pueblo, que es titular del poder constituyente…”. ¿Por qué sostenemos que estamos ante un argumento totalitario? Es evidente que todo poder constituyente proviene del concepto de “pueblo” y que las autoridades de una república se eligen por el pueblo constituido en mayoría. De eso no hay duda. Sin embargo, desde los antiguos –como Platón, Aristóteles, pasando por Maquiavelo–, hasta De Tocqueville y Montesquieu, el gran problema de las repúblicas y la libertad fue cómo evitar la tiranía de las mayorías que podían acabar con un sistema republicano. 

Por ejemplo, cuando Julio César, general popular y victorioso en Las Galias, cruzó el Rubicón invocando la voluntad del pueblo, acabó con 450 años de República en Roma. Algo parecido sucedió cuando Hitler, invocando el poder constituyente del pueblo, creó la figura del Führer a través de un referéndum. 

Los bolcheviques asaltaron el poder durante varias décadas creando una larga noche totalitaria, invocando el poder constituyente del pueblo, a través de “la democracia directa” de los soviets. Hugo Chávez en Venezuela también enterró la democracia llanera a través de un referendo. Lo mismo hizo Fujimori y luego Evo Morales y todos los proyectos de dictadores chavistas.

El referendo, pues, es la envoltura perfecta para consagrar la dictadura circunstancial de una mayoría. Circunstancial porque el partido, una minoría o una simple oligarquía, suele apoderarse del poder en nombre de las mayorías.

Muy por el contrario, las sociedades que han preservado sus sistemas republicanos y sus libertades son aquellas que han combatido la formación de mayorías circunstanciales consolidando las democracias representativas: Reino Unido y los Estados Unidos.

En las repúblicas modernas, longevas, que han preservado las libertades, las mayorías eligen a las instituciones; pero se gobierna, se reforma la constitución y las leyes, únicamente a través de las instituciones.