¡Detener la ola regulatoria y controlista!

El fracaso del Ejecutivo en la contención de la pandemia y la letalidad más alta del planeta explican la gravedad de la recesión de la economía, que hoy se expresa en la pérdida de más de 6.7 millones de empleos. Es difícil imaginar esa masa de peruanos que enfrentará graves problemas económicos, y que una parte de ellos caerá en pobreza. Únicamente la frivolidad y la indolencia pueden permanecer distantes de esta lacerante realidad.

En cualquier país con una élite responsable, la destrucción del empleo, en el acto, impulsaría a buscar una solución. Antes vale aclarar que el empleo no se ha destruido en el Estado. Muy por el contrario, los burócratas que dilapidan los recursos del Estado –de los cuales más del 85% es aporte privado– cobrarán sus doce sueldos anuales, incluidos las dos gratificaciones y la respectiva CTS. Es casi seguro que la empleocracia y las consultorías frívolas se incrementarán exponencialmente, mientras millones de familias peruanas enfrentan la posibilidad de la pobreza.

¿Por qué entonces se destruye el empleo en el Perú? Porque las empresas quiebran, reducen personal y postergan proyectos y actividades ante el confinamiento ciego –sin pruebas moleculares, rastreo de infectados ni participación ciudadana– que fue la única respuesta del Ejecutivo ante la pandemia. Y que continúa: allí está el nuevo confinamiento de los domingos, que destruirá todos los esfuerzos de los restaurantes.

La empresa privada provee más del 90% del empleo en el Perú, y ese sector ha comenzado una ola de quiebras y cierres. ¿Qué debería hacer entonces el Estado, el Ejecutivo y los políticos? Una primera idea de sentido común sería hacer todo lo necesario para evitar quiebras masivas: reducir sobrerregulaciones y cargas impositivas. Es lo que ordena la razón. ¿O no? Sin embargo, los políticos, el Ejecutivo y el Congreso se han puesto de lado de los nuevos mandarines del Perú, que cobrarán sus quince sueldos y que pretenden cargarle las culpas de todos los fracasos al sector privado.

Allí está el decreto del Gabinete Zevallos que establecía un control de precios indirectos de las pensiones educativas, obligando a los centros privados a presentar sus costos fijos y variables. También allí está el amague del presidente Vizcarra de estatizar las clínicas (un hecho sin precedentes en las últimas tres décadas). Y allí también está el Congreso que comienza convertirse en un festival de la demagogia y el populismo: leyes sobre las AFP y los peajes; e iniciativas que buscan controlar precios en pensiones, medicinas, tasas de interés y préstamos bancarios; propuestas que destruyen el sistema privado de pensiones y crean forados fiscales. La competencia populista entre el Ejecutivo y el Congreso es devastadora.

Si las cosas siguen por ese camino, sin ninguna duda, ya empezamos a caminar hacia la Venezuela chavista. La pregunta no solo es cómo se va a recuperar el empleo perdido, sino cómo vamos a cerrar el forado fiscal del 10% del PBI que nos deja la actual administración. El único camino sano es fomentar la inversión privada para incrementar la recaudación y generar empleo. No hay otra ruta viable.

Para desatar el camino virtuoso de la inversión privada entonces los burócratas, los nuevos mandarines de izquierda del Perú, deben dejar de molestar al sector privado: es decir, menos sobrerregulaciones y menos cargas para empresas que apenas logran respirar. Sin embargo, el Estado también puede hacer de su parte. El economista César Peñaranda, en una entrevista en este portal, acaba de señalar que hay gran margen todavía para la política fiscal, y propone relanzar la inversión pública a través de obras por impuestos en educación y salud. Agrega, por ejemplo, que de aquí hacia el 2021 no debería existir un solo colegio con problemas de infraestructuras y equipamientos. Con esta lógica no solo se cerrarían brechas en infraestructuras, sino que se estimularía la demanda interna, hoy por los suelos.

La propuesta de Peñaranda es realista para un Gobierno de salida. Pensar en reformas estructurales es un delirio de un Ejecutivo que no gusta del diálogo político. Sin embargo, pese a que la recesión se tragará más de 15% del PBI y que ha destruido más de 6.7 millones de empleos, si el Ejecutivo decide no molestar al sector privado para que vuelva a fluir la inversión, y desarrolla una política fiscal mínimamente eficiente, ya estaríamos, como se dice en el fútbol, salvando el honor. Y si se relanzan dos o tres proyectos mineros quedaremos al final de la tabla, pero no seremos los coleros de este triste campeonato.