Después de la muerte de Alan García

Después de la muerte a mano propia del presidente Alan García, algunos creen que nada significativo ha sucedido en el Perú. Las páginas de La República y El Comercio —los medios que lideran la coalición mediática que respalda a los llamados fiscales Lava Jato—, de una u otra manera, parecen decirnos que el suicidio de García fue un asunto estrictamente personal y que las cosas deben permanecer en ese ámbito. Por lo tanto, Rafael Vela y Domingo Pérez, los fiscales que lideran la supuesta lucha anticorrupción con el respaldo de los medios, solo deben apretar el acelerador del proceso.

Sin embargo, los medios tradicionales y las camarillas caviares y comunistas, confunden los deseos con la realidad. Un solo hecho podría marcar una diferencia con respecto a la situación previa al suicidio: la resurrección de pueblo aprista. La irrupción de un actor con capacidad de acción y organización políticas puede marcar la diferencia en este país sin oposiciones ni contrapesos.

Pero lo más gravitante es que los fiscales Lava Jato están hoy obligados a demostrar los nexos entre la corrupción del segundo gobierno aprista con el exmandatario. De lo contrario, la polarización y los enfrentamientos se acrecentarán a niveles inimaginables. ¿Por qué?

Todo parece indicar que el presidente García entendió que la detención preliminar en su contra —horas antes de que Barata declarara ante los fiscales— buscaba “apretar a posibles colaboradores” para que terminaran inculpándolo directamente. De esta manera los fiscales Lava Jato solo necesitaban que Barata confirmara la corrupción a los funcionarios apristas sin necesidad de vincular a García. Una operación impecable que habría liquidado la imagen y el lugar en la historia del país del ex presidente. De allí que Alan García llegara a la conclusión de que el suicidio tenía que ser su último acto político. A nuestro entender, las horas pasarán y el líder aprista seguirá ganando desde la eternidad, sobre todo porque se sabe que durante su segunda administración el principal objetivo de García fue limpiar su nombre.

Ahora bien, ¿cómo es posible que la democracia peruana se discutan este tipo de situaciones? ¿Una detención preliminar que sanciona la situación de un procesado al margen de las declaraciones en Brasil, transferencias bancarias comprobadas y documentos probatorios? En el Perú el equipo de fiscales Lava Jato, respaldado por una frívola e irresponsable coalición mediática, ha generalizado las detenciones preliminares y preventivas sin acusación fiscal ni juicio, en contra de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema del Poder Judicial. En otras palabras, los fiscales Lava Jato han comenzado a zurrarse en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Vale señalar que Keiko Fujimori, la dirigencia de Fuerza Popular, y el ex presidente Kuczynski están detenidos sin acusación ni juicio. Lo mismo se pretendía hacer con García.

En realidad, la falta de acusaciones fiscales y juicios para los implicados Lava Jato solo desnuda el fracaso del Ministerio Público en las investigaciones de la corrupción Lava Jato. Las detenciones para investigar —es decir, para saber si se acusa o no— solo revelan la existencia de una estrategia política alrededor de una supuesta lucha anticorrupción. En otras palabras, circo, aplauso, y encuestas, mientras se arrasa con el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Pero estas cosas también se explican por la falta de responsabilidad del Congreso; la institución llamada, por ejemplo, a reformar la legislación que posibilita que los fiscales sigan generalizando detenciones sin acusaciones ni juicio. El Legislativo debería ser capaz, entonces, de precisar la legislación procesal de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Asimismo, el Congreso debería formar, al término de la distancia, una Comisión Investigadora sobre la detención del presidente García para echar luz sobre eventuales abusos judiciales.

Finalmente, está pendiente la reforma del Ministerio Público. ¿Cómo es posible que la Junta de Fiscales Supremos haya permitido que los fiscales Vela y Pérez, en la práctica, hayan creado un territorio liberado al margen del orden jerárquico del Ministerio Público y en contra del ordenamiento legislativo nacional e internacional?

En cualquier caso, si no se entiende que las instituciones deben desarrollar contrapesos, el suicidio de García puede desatar una polarización de imprevisibles consecuencias.